El Supremo permite votar a los hijos de nacionalizados por la ley de nietos
La Sala rechaza la petición de Vox e Iustitia Europa sobre 189.678 personas por la falta de tiempo para revisar el censo antes del 29 de noviembre.
La Sala rechaza la petición de Vox e Iustitia Europa sobre 189.678 personas por la falta de tiempo para revisar el censo antes del 29 de noviembre.

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El Tribunal Supremo ha rechazado este lunes la petición de Vox y de Iustitia Europa de suspender también el voto de los 189.678 hijos de personas nacionalizadas al amparo de la ley de nietos. Ese grupo, inscrito en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), podrá participar en las elecciones generales del 29 de noviembre. La suspensión que el alto tribunal acordó en septiembre no se extiende a estos descendientes, cuya nacionalidad se reconoció por otra vía de la Ley de Memoria Democrática.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo basa su decisión en el escaso margen para revisar el censo antes de la votación. La petición, señala, se presentó cuando ya había transcurrido más de la mitad del periodo electoral, a una semana del inicio de la campaña y a dos semanas de que comenzara el depósito del voto en urna en los consulados. Una revisión de casi 190.000 inscripciones exigiría actuaciones administrativas que el tribunal considera inviables en el plazo restante. A su juicio, iniciar ese proceso ahora sería contrario a la seguridad jurídica y a la estabilidad electoral.
Los magistrados distinguen esta solicitud de la que aceptaron en septiembre. Entonces, el 10 de septiembre, todavía no se había convocado el adelanto electoral; la decisión se ratificó el 12 de octubre, antes del inicio del periodo electoral. Ahora, las juntas electorales, la Oficina del Censo Electoral y los consulados están ejecutando esas resoluciones y preparando los comicios. La Sala sostiene que la revisión solicitada podría alterar esos trabajos y causar una perturbación grave de los intereses generales.
La Oficina del Censo Electoral comunicó al Supremo el 28 de octubre que quedaban 30.482 registros pendientes de identificación para aplicar la suspensión ya acordada y que esperaba información adicional de los consulados. Ese trabajo pendiente es uno de los elementos que los jueces tienen en cuenta al valorar la dificultad de añadir ahora otra revisión del CERA. La Abogacía del Estado se había opuesto a la ampliación de la medida cautelar por los problemas que, a su juicio, podía causar al cumplimiento de los trámites electorales y al escrutinio.
La suspensión vigente afecta a más de 163.000 personas nacionalizadas por la vía principal de la ley de nietos que no han acreditado que descienden de una persona exiliada durante la Guerra Civil o el franquismo. El Supremo ratificó esa medida en octubre. De los 163.355 expedientes tramitados hasta el cierre del censo, el 1 de agosto, 901 ciudadanos habían aportado pruebas directas del exilio y quedaron fuera de la suspensión, según los datos recogidos por la Sala.
Uno de los magistrados, Antonio Jesús Fonseca Herrero, discrepó y defendió que la cautelar se extendiera también a los hijos. La mayoría reconoció la conexión entre la situación censal de padres e hijos, pero dio prioridad a la posibilidad de ejecutar la medida a tiempo y a la estabilidad del proceso electoral. En otras resoluciones, el Supremo ha rechazado además las reclamaciones de personas afectadas por la suspensión vigente que pedían poder votar.
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