Estas son algunas de las principales propuestas recogidas en el informe La efectividad del derecho a una vivienda digna y adecuada. Un problema social crítico, registrado este martes en las Cortes Generales. El documento incluye 35 recomendaciones dirigidas a las administraciones públicas para mejorar el acceso a la vivienda, entre las que también figuran incentivos para movilizar pisos vacíos, medidas extraordinarias frente a los desahucios de personas vulnerables y limitaciones al alquiler turístico.
El informe es resultado de una investigación iniciada en junio de 2025 en la que han participado el Ministerio de Vivienda, las 17 comunidades autónomas, Ceuta y Melilla y los ayuntamientos de los diez municipios más poblados de España. La iniciativa responde al incremento de las quejas ciudadanas relacionadas con la vivienda durante los últimos años.
Una de las principales conclusiones del organismo es que España necesita aumentar de manera urgente su parque de vivienda pública y protegida hasta alcanzar, al menos, la media europea, con el objetivo de aproximarse progresivamente a los países con mayores porcentajes de vivienda social.
Para conseguirlo, reclama a las administraciones un mayor esfuerzo presupuestario y un incremento de la inversión pública directa en la construcción de inmuebles residenciales.
La institución considera que disponer de un parque suficiente de viviendas protegidas, con precios máximos de venta y alquiler, no solo facilitaría el acceso a un hogar a las familias con menos recursos, sino que también contribuiría a moderar los precios del mercado libre, especialmente durante los ciclos alcistas.
Vivienda protegida que no pierda su calificación
El Defensor del Pueblo pone especial énfasis en evitar que las viviendas protegidas terminen incorporándose al mercado libre una vez transcurrido el periodo de protección establecido por las administraciones.
En este sentido, advierte de que la pérdida de estos inmuebles como consecuencia de la caducidad de sus calificaciones constituye uno de los principales obstáculos para consolidar un parque público suficiente.
Por ello, propone que las comunidades autónomas garanticen por ley la calificación permanente de las viviendas del parque público y prioricen su destino al alquiler, en lugar de permitir su venta. El objetivo es mantener una oferta estable de inmuebles asequibles que permita atender las necesidades residenciales de la población a largo plazo.
El informe también establece que estas viviendas deben dirigirse prioritariamente a las personas en situación de emergencia residencial y a los hogares con menores ingresos, prestando especial atención a las familias monoparentales, las víctimas de violencia de género, los jóvenes, las personas con discapacidad y los mayores.
Incentivos para sacar viviendas vacías al mercado
Otra de las propuestas consiste en movilizar las viviendas privadas desocupadas para incrementar la oferta de alquiler asequible.Para ello, la institución plantea establecer incentivos fiscales, alcanzar acuerdos de cesión de inmuebles con grandes tenedores y desarrollar programas de intermediación que faciliten la incorporación de viviendas al mercado del arrendamiento.
Asimismo, considera necesario estudiar la creación de prestaciones económicas para los colectivos con mayores dificultades de acceso a una vivienda, con importes suficientes para afrontar el pago del alquiler en el mercado privado.
En paralelo, reclama mantener medidas extraordinarias de protección frente a los desahucios de personas vulnerables que no puedan asumir incrementos de las rentas y se enfrenten al riesgo de exclusión social, al menos hasta que exista un parque público suficiente para atender las situaciones de emergencia residencial.
Más construcción y límites al alquiler turístico
El Defensor del Pueblo también reconoce la necesidad de incrementar la construcción de viviendas en aquellas zonas donde existe una mayor demanda residencial. Para ello, propone impulsar la edificación mediante los instrumentos previstos en la legislación urbanística y adaptar los planes generales de ordenación urbana a la normativa vigente.
La institución insiste en la importancia de coordinar las políticas de vivienda y suelo, especialmente en lo relativo a las reservas de terrenos para vivienda protegida y al destino de los patrimonios públicos de suelo. No obstante, advierte de que la construcción de nuevos inmuebles protegidos no debe realizarse a costa de reducir equipamientos, dotaciones o servicios públicos.
Por otro lado, el informe reclama agilizar la tramitación de las ayudas al alquiler y a la rehabilitación, evitando las demoras administrativas y las denegaciones derivadas del agotamiento de los presupuestos disponibles.
Finalmente, Gabilondo considera necesario establecer limitaciones al alquiler turístico en aquellos municipios donde el crecimiento de esta actividad esté perjudicando al mercado del arrendamiento residencial y contribuyendo a la gentrificación.
El Defensor del Pueblo pide que todas estas actuaciones se desarrollen de forma coordinada entre las distintas administraciones y se mantengan en el tiempo, con financiación suficiente para garantizar su efectividad.