Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo, registró este martes en las Cortes Generales un informe con 35 recomendaciones para responder a las dificultades de acceso a la vivienda. El texto plantea aumentar la vivienda pública y protegida, incorporar casas privadas desocupadas al alquiler asequible y limitar los alojamientos turísticos donde reduzcan la oferta residencial.
El informe cifra en el 3,3 % la proporción de viviendas principales destinadas al alquiler social en España en 2024, frente al 8 % de media europea. Para ampliar el parque protegido, propone que conserve esa condición de forma permanente y que se destine preferentemente al alquiler, en lugar de a la venta. Entre 1962 y 2020 se construyeron unos 5,7 millones de viviendas protegidas, el 31,5 % de las edificadas en ese periodo, aunque muchas perdieron después su protección.
Para movilizar viviendas privadas vacías, el Defensor plantea incentivos fiscales, acuerdos de cesión con grandes tenedores y programas públicos de intermediación entre propietarios e inquilinos. También propone estudiar una ayuda económica para los hogares con más dificultades para acceder al alquiler y reducir los plazos de tramitación de las ayudas al alquiler y a la rehabilitación.
La ampliación de la oferta protegida debería dar prioridad a las personas con menos ingresos y en emergencia residencial. El informe menciona a familias con menores —en especial, monoparentales—, víctimas de violencia de género, jóvenes, mayores y personas con discapacidad. También pide medidas para evitar desahucios de hogares vulnerables y una planificación coordinada de las políticas de vivienda y suelo. Las administraciones podrían valorar declarar zonas de mercado residencial tensionado, con límites temporales a los precios.
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