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La decisión de los 70.000 millones de euros: los centros de datos confían en un dictamen negativo del Consejo de Estado como última vía para evitar el 'decretazo'
Pocas veces tantos inversores han estado tan pendientes del Consejo de Estado. En juego puede haber nada menos que alrededor de 70.000 millones, las cifras de inversión que se...
Foto: vía El Mundo
José M. Rodríguez Silva · El MundoPublicado 5 nov, 00:00Ver en elmundo.es
Centros de datos
El organismo emite hoy su dictamen presionado por el Gobierno
La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo
Pocas veces tantos inversores han estado tan pendientes del Consejo de Estado. En juego puede haber nada menos que alrededor de 70.000 millones, las cifras de inversión que se esperaban durante los próximos años para el sector de los centros de datos y que pueden verse severamente reducidas si el decreto del Gobierno y sus elevados requisitos medioambientales prospera.
La esperanza de los críticos es que el organismo encuentre en su análisis elementos formales que hagan inviable avanzar con el proyecto legislativo a tiempo antes de las elecciones, cuando esperan un Gobierno más favorable a estas inversiones, dado su impacto en regiones gobernadas por el Partido Popular como Aragón.
En este sentido, la principal razón jurídica a la que se agarran los críticos del decreto es que el Gobierno no se ha acogido al mecanismo Tris. Se trata de un paso previo obligatorio de consulta a la Unión Europea que abre un plazo de tres meses para analizar el impacto en el mercado interior de un proyecto legislativo en determinados sectores.
Uno de ellos es el de los servicios digitales, categoría a la que se agarran los partidarios de los centros de datos y que también respalda la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En su informe, el supervisor advertía que el artículo cinco, que habla de la soberanía digital, y el texto al completo le parecían que debían estar sujetos a este mecanismos.
Según mensajes a los que ha tenido acceso EL MUNDO, la propia Comisión Europea se ha puesto en contacto tras recibir varias denuncias particulares con el Gobierno para recordarle sus obligaciones en base a este mecanismo, en un apercibimiento en toda regla.
"Tras su comunicación, hemos contactado con las autoridades españolas para recordarles la obligación de notificar los anteproyectos técnicos de las regulaciones sobre los aspectos mencionados en el artículo 5.1 de la directiva 2015/1535", señala el texto enviado desde la Dirección General de Mercado Interior.
En caso de que el Consejo de Estado no comparta este postulado, desde el sector con la patronal Spain DC a la cabeza se plantean denunciar al decreto, al igual que varios gobiernos regionales como la Comunidad de Madrid.
Hasta el momento, el revés más sonado al Gobierno que ha dado el organismo presidido por Carmen Calvo ha sido al registro horario planteado por Yolanda Díaz, uno de los pocos proyectos que ha pedido paralizar durante la última legislatura, si bien las observaciones respecto a otros proyectos para su mejora técnica son muy habituales.
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