El Gobierno calcula que la incorporación de 10 gigavatios (GW) de centros de datos en 2030, frente a un escenario de 1 GW, elevaría un 107% el funcionamiento de los ciclos combinados, un 200% el coste variable total de generación y un 65% las emisiones de CO2. Las estimaciones figuran en la memoria de impacto normativo del real decreto que regulará las exigencias energéticas, medioambientales y de resiliencia y soberanía digital del sector, remitida al Consejo de Estado.
El análisis, elaborado por los ministerios para la Transición Ecológica, de Economía y para la Transformación Digital, advierte de los efectos de una entrada rápida de estas instalaciones sin un marco regulatorio que la corrija. Su consumo continuado exigiría más respaldo de las centrales de gas en los momentos de menor disponibilidad renovable. La memoria sostiene que ese mayor uso elevaría los costes y las emisiones, y podría trasladarse a los precios de la electricidad por el coste del gas y de los derechos de emisión.
Para evitar ese efecto, el borrador propone que al menos el 80% del consumo de los centros quede cubierto por generación renovable adicional. Podría acreditarse mediante autoconsumo o contratos de compra de energía a un mínimo de seis años, vinculados a instalaciones con una antigüedad máxima de 36 meses. El texto añade una exigencia horaria: cada hora, al menos el 80% de la electricidad consumida deberá estar respaldada por energía renovable de esa misma franja, con la opción de recurrir a sistemas de almacenamiento.
El proyecto prevé recargos progresivos de entre el 10% y el 500% sobre los peajes de acceso y los cargos del sistema si se incumplen las cuotas de adicionalidad o correlación horaria. Los ingresos se destinarían a compensar a los consumidores. Para los incumplimientos renovables significativos y reiterados, la norma contempla extinguir los permisos de acceso y conexión. También ofrece seis meses para renunciar a permisos sin ejecutar las garantías y una adhesión gradual durante cinco años mediante el Sistema de Reducción Automática de Potencia.
La tramitación mantiene abierto otro debate: si el decreto debía notificarse a la Comisión Europea mediante el mecanismo Tris, que permite analizar determinadas normas técnicas durante tres meses. El Gobierno no lo activó y optó por la vía de urgencia. La CNMC señaló que el texto, en particular sus disposiciones sobre soberanía digital, podría estar sujeto a ese procedimiento. En un mensaje citado por El Mundo, la Dirección General de Mercado Interior de la Comisión afirmó que había contactado con las autoridades españolas para recordarles la obligación de notificar determinados proyectos.
El dictamen preceptivo del Consejo de Estado seguía pendiente a las 11:35 de este jueves, después de que el Ejecutivo tramitara el proyecto por urgencia. La patronal Spain DC y varios gobiernos regionales, entre ellos el de Madrid, han planteado recurrir la norma si sale adelante. El sector sostiene que el procedimiento Tris debía aplicarse; el Gobierno defiende el decreto por sus objetivos de sostenibilidad y por los riesgos que, según su memoria, tendría un despliegue sin requisitos específicos.
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