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Energía · Centros de datos

El Gobierno prevé un 107% de aumento del uso de ciclos combinados en 2030

La memoria del decreto compara la entrada de 10 gigavatios de potencia con un escenario de un gigavatio y plantea requisitos de energía renovable para limitar el impacto en la generación eléctrica.

Foto: vía elDiario.es

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Aumento estimado con 10 GW de centros de datos en 2030 · porcentaje de aumento
  • Funcionamiento de ciclos combinados107%
  • Coste variable total de generación200%
  • Emisiones de CO265%

Memoria de impacto normativo del proyecto de real decreto, elaborada por los ministerios para la Transición Ecológica, de Economía y para la Transformación Digital.. Gráfico de El Autómata con los datos de las fuentes.

Claves

  • La memoria compara 10 GW de centros de datos en 2030 con un escenario de 1 GW y estima aumentos del 107% en el funcionamiento de ciclos combinados, del 200% en el coste variable de generación y del 65% en las emisiones.
  • El borrador exige cubrir al menos el 80% del consumo con renovables adicionales y establece una correlación renovable horaria también del 80%.
  • El Consejo de Estado debe emitir su dictamen mientras sigue el debate sobre la aplicación del mecanismo europeo Tris.

El Gobierno calcula que la incorporación de 10 gigavatios (GW) de centros de datos en 2030, frente a un escenario de 1 GW, elevaría un 107% el funcionamiento de los ciclos combinados, un 200% el coste variable total de generación y un 65% las emisiones de CO2. Las estimaciones figuran en la memoria de impacto normativo del real decreto que regulará las exigencias energéticas, medioambientales y de resiliencia y soberanía digital del sector, remitida al Consejo de Estado.

El análisis, elaborado por los ministerios para la Transición Ecológica, de Economía y para la Transformación Digital, advierte de los efectos de una entrada rápida de estas instalaciones sin un marco regulatorio que la corrija. Su consumo continuado exigiría más respaldo de las centrales de gas en los momentos de menor disponibilidad renovable. La memoria sostiene que ese mayor uso elevaría los costes y las emisiones, y podría trasladarse a los precios de la electricidad por el coste del gas y de los derechos de emisión.

Para evitar ese efecto, el borrador propone que al menos el 80% del consumo de los centros quede cubierto por generación renovable adicional. Podría acreditarse mediante autoconsumo o contratos de compra de energía a un mínimo de seis años, vinculados a instalaciones con una antigüedad máxima de 36 meses. El texto añade una exigencia horaria: cada hora, al menos el 80% de la electricidad consumida deberá estar respaldada por energía renovable de esa misma franja, con la opción de recurrir a sistemas de almacenamiento.

El proyecto prevé recargos progresivos de entre el 10% y el 500% sobre los peajes de acceso y los cargos del sistema si se incumplen las cuotas de adicionalidad o correlación horaria. Los ingresos se destinarían a compensar a los consumidores. Para los incumplimientos renovables significativos y reiterados, la norma contempla extinguir los permisos de acceso y conexión. También ofrece seis meses para renunciar a permisos sin ejecutar las garantías y una adhesión gradual durante cinco años mediante el Sistema de Reducción Automática de Potencia.

La tramitación mantiene abierto otro debate: si el decreto debía notificarse a la Comisión Europea mediante el mecanismo Tris, que permite analizar determinadas normas técnicas durante tres meses. El Gobierno no lo activó y optó por la vía de urgencia. La CNMC señaló que el texto, en particular sus disposiciones sobre soberanía digital, podría estar sujeto a ese procedimiento. En un mensaje citado por El Mundo, la Dirección General de Mercado Interior de la Comisión afirmó que había contactado con las autoridades españolas para recordarles la obligación de notificar determinados proyectos.

El dictamen preceptivo del Consejo de Estado seguía pendiente a las 11:35 de este jueves, después de que el Ejecutivo tramitara el proyecto por urgencia. La patronal Spain DC y varios gobiernos regionales, entre ellos el de Madrid, han planteado recurrir la norma si sale adelante. El sector sostiene que el procedimiento Tris debía aplicarse; el Gobierno defiende el decreto por sus objetivos de sostenibilidad y por los riesgos que, según su memoria, tendría un despliegue sin requisitos específicos.

Cómo lo cuentan

  • El Mundocentroderecha: Destaca la disputa sobre el procedimiento Tris y la incertidumbre jurídica para los promotores ante el dictamen del Consejo de Estado.
  • elDiario.esizquierda: Prioriza las previsiones oficiales sobre costes de generación y emisiones, además de los requisitos renovables que plantea el decreto.

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