El Gobierno de Estados Unidos exigirá que los investigadores con financiación federal encarguen ácidos nucleicos sintéticos y equipos de síntesis de sobremesa a proveedores autorizados, que deberán verificar la identidad de sus clientes y cribar los pedidos para detectar secuencias potencialmente peligrosas, como las que puedan codificar toxinas o patógenos. La Política Nacional para el Cribado de la Síntesis de Ácidos Nucleicos, publicada el 5 de noviembre, sustituye el sistema voluntario y se aplicará por etapas durante los 340 días siguientes.
La medida responde al aumento de la capacidad para producir secuencias largas y ensamblarlas en genes o genomas bacterianos y virales, así como a la disponibilidad de sintetizadores que permiten fabricarlas en los propios laboratorios. Las directrices estadounidenses de 2010 recomendaban a las empresas comprobar la identidad de los compradores y analizar los pedidos, pero no lo exigían. Muchas compañías ya seguían esas pautas; entre ellas, las integrantes del International Gene Synthesis Consortium, un grupo de empresas responsable de la mayor parte de la síntesis de ADN en el mundo.
La política fija, sin embargo, un umbral de cribado de 50 pares de bases o más. El biotecnólogo Kevin Esvelt, experto en bioseguridad del Massachusetts Institute of Technology, advierte de que una secuencia peligrosa podría reconstruirse a partir de fragmentos menores pedidos a distintos proveedores. También considera poco precisos los requisitos para verificar la identidad de los clientes. La inmunóloga y experta en bioseguridad Gigi Gronvall, de Johns Hopkins University, señala que las reglas se limitan a Estados Unidos y no cubren otras formas de manipular ADN ni los sintetizadores de sobremesa ya instalados: el requisito sobre equipos afecta a los de nueva fabricación.
La política encomienda al National Institute of Standards and Technology (NIST) supervisar su aplicación. Drew Endy, investigador de biología sintética en Stanford University, cuestiona que el organismo pueda asumir esa tarea sin recursos suficientes. Esvelt también alerta de que las nuevas obligaciones aumentarán el trabajo de los responsables y comités institucionales de bioseguridad sin incluir financiación adicional. Los expertos consideran que el cribado puede dificultar el acceso a secuencias peligrosas, pero no elimina otras vías para obtener o modificar patógenos.
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