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Lunes, 16 de noviembre de 2026
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Una sentencia del TSJ prohíbe reparar un edificio de 87 viviendas habitadas en Pilar de la Horadada afectado por la Ley de Costas
El bloque Pilar I se salvó de los derribos de su entorno, pero su licencia fue anulada y casi cuatro décadas después sigue sin resolverse su situación de limbo urbanístico.
El bloque Pilar I se salvó de los derribos de su entorno, pero su licencia fue anulada y casi cuatro décadas después sigue sin resolverse su situación de limbo urbanístico Foto: vía Información
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha rechazado el recurso de la comunidad de propietarios del edificio Pilar I, situado en la calle Oslo de Pilar de la Horadada, contra la decisión de la Generalitat de impedir unas obras de reparación de sus fachadas. El inmueble, con 87 viviendas, está dentro de la zona de servidumbre de protección del litoral y carece del título habilitante que contempla la ley de Costas necesario para autorizar los trabajos.
El edificio permanece en un particular limbo urbanístico. Se salvó de los derribos de otras construcciones afectadas por la Ley de Costas, pero su conservación no supuso su legalización. Ni las posteriores modificaciones del planeamiento municipal han resuelto su situación, que ahora impide acometer las reparaciones solicitadas.
La Sección Quinta de lo Contencioso-Administrativo, en una sentencia de este mes de noviembre, ha ratificado la resolución dictada el 26 de noviembre de 2024 por la Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos. Impone a la comunidad 1.500 euros en costas judiciales. El fallo no es firme y admite recurso de casación.
Peligro a la calle
La comunidad había pedido autorización el 1 de agosto de 2024 para reparar revestimientos y elementos estructurales de las fachadas, incluidos pilares y frentes de forjado. También pretendía intervenir en un antepecho -un muro- de la cubierta inclinado y con riesgo de caída a la calle, arreglar grietas, gárgolas deterioradas y anclajes de barandillas, y pintar las fachadas.
Según ha podido comprobar INFORMACIÓN algunas de las obras se iniciaron pero quedaron paralizadas. El aspecto general de conservación y mantenimiento del edificio es bueno y cuenta con un grado de ocupación también relevante para residentes para los que es su vivienda principal durante todo año, además de su uso de temporada. El edificio de planta baja y dos alturas se encuentra en una zona elevada junto al acantilado medio del extremo sur de la playa de Mil Palmeras, cerca de la desembocadura del río Seco y coincidiendo con el tramo de costa en la que ubican las antiguas canteras romanas.
El bloque afectado por la resolución judicial en Pilar de la Horadada / D. Pamies
Una licencia de construcción anulada
La controversia se remonta a la licencia del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada concedida el 8 de julio de 1988 a una de las promotoras vinculadas con Manoli SA (Masa), apenas tres semanas antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas, el 29 de ese mes. Los propietarios alegaban que había indicios de que las obras habían comenzado antes de esa fecha y que el solar era edificable cuando se autorizó el proyecto. Sin embargo, la licencia fue anulada por una sentencia de diciembre de 1990, confirmada por el Tribunal Supremo en 2000.
El TSJCV considera que no se ha probado que la construcción comenzara antes de la Ley de Costas. Recuerda que la división horizontal no se escrituró hasta enero de 1990 y concluye que las obras no se habían iniciado cuando entraron en vigor las nuevas restricciones. También subraya la anulación judicial de la licencia.
Las promociones de los años ochenta
El conflicto procede del desarrollo inmobiliario de primera línea de playa de finales de los ochenta. En aquellos expedientes aparecen sociedades como Mil Palmeras, S. A. (Milpasa), y Manoli Alquileres, vinculadas a Masa, además de Torre Brisón. Distintas promociones con cientos de viviendas de ese entorno fueron objeto de procedimientos por irregularidades urbanísticas relacionadas con la ocupación de suelo sujeto al deslinde de dominio público de Costas. Las multas millonarias impuestas en algunos de ellos acabaron anuladas por caducidad, no porque se declararan legales las construcciones.
En 1995, la Generalitat intentó que el Registro de la Propiedad reflejara expedientes de disciplina urbanística sobre terrenos de esas tres empresas, de los que podían derivarse demoliciones. Parte de las viviendas ya figuraban inscritas a nombre de particulares. La finalidad era advertir a futuros compradores de los riesgos urbanísticos.
Un bloque que se salvó de los derribos
Pilar I, el edificio afectado por esta sentencia, corresponde al edificio de la parcela 31 del sector R/IV de Torre de la Horadada. En marzo de 2002, la Generalitat decidió no exigir la demolición de tres bloques terminados y habitados por compradores de buena fe, dos de ellos en Orihuela Costa y el tercero en esta parcela. Contempló que pudieran mantenerse fuera de ordenación, supeditados al planeamiento y a un pronunciamiento favorable de Costas, sin que ello implicara legalizarlos.
Una inspección de noviembre de 2008 constató que las estructuras inacabadas situadas dentro de la franja de protección de 100 metros ya habían sido derribadas. El bloque de la parcela 31 seguía en pie y el trazado de las calles se había adaptado a él. Costas advirtió, no obstante, de que su uso residencial no se ajustaba a la legislación y de que las autorizaciones de urbanización no resolvían su situación legal.
INFORMACIÓN daba cuenta del derribo de los bloques inacabados en la parte pilareña de Mil Palmeras en junio de 2008 / INFORMACIÓN
Las reformas urbanísticas tampoco lo legalizaron
La Abogacía del Estado recurrió una modificación del Plan Parcial de los sectores R/III y R/IV aprobada en noviembre de 2016. En diciembre de 2019, el TSJCV anuló parcialmente el acuerdo municipal. Respecto al bloque, señaló que no existían pruebas fehacientes de que estuviera construido antes de la Ley de Costas, requisito para determinar si podía acogerse a su régimen transitorio.
El Ayuntamiento intentó encauzar el problema mediante otra modificación urbanística publicada en abril de 2022. El plan trasladó las posibilidades de edificación de la parcela 31 fuera de la franja protegida, pero no legalizó el inmueble existente. Admitía determinadas obras de mantenimiento para garantizar la seguridad, siempre con autorización de Costas, y dejaba abierta la posibilidad de tramitar un expediente de restablecimiento de la legalidad sin limitación de plazo. Pero el TSJCV sigue sin verlo claro.
El entorno en el que se encuentra el bloque se reurbanizó para derribar estructuras ilegales inacabadas en 2008 y construir zonas verdes y un paseo / D. Pamies
Las modificaciones urbanísticas del sector son las que han permitido que el mismo promotor infractor pudiera "retranquear" y reconcentrar la edificabilidad de los suelos en la zona que no está afectada por la ley de costas y levantar bloques de cuatro y cinco alturas poco habituales en esta zona de la Torre de la Horadada y que el municipio evitara una denuncia por daño patrimonial por parte de la urbanizadora.
La promotora, como contraprestación, además de los derribos de los bloques sin terminar, llevó a cabo la construcción de varias zonas verdes y un paseo -que recuperan el dominio público de esa franja litoral- y aparcamientos, y se ha autorizado una actividad de complejo deportivo y hostelería.