El TSJCV mantiene el veto a reparar un bloque de 87 viviendas
Los vecinos del edificio Pilar I, en Pilar de la Horadada, no cuentan con el permiso de Costas que requieren las obras de fachada. El fallo todavía puede llevarse en casación.
Los vecinos del edificio Pilar I, en Pilar de la Horadada, no cuentan con el permiso de Costas que requieren las obras de fachada. El fallo todavía puede llevarse en casación.

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Las fachadas del edificio Pilar I, un bloque de 87 viviendas en la calle Oslo de Pilar de la Horadada, seguirán sin repararse. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), a través de su Sección Quinta de lo Contencioso-Administrativo, ha rechazado el recurso de la comunidad de propietarios y avala que la Generalitat negara la autorización para las obras. El inmueble se encuentra en la zona de servidumbre de protección del litoral. La sentencia, fechada este noviembre, obliga a los vecinos a abonar 1.500 euros en costas y aún no es firme.
Los propietarios habían registrado su petición el 1 de agosto de 2024. Casi cuatro meses después, el 26 de noviembre, la Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos la rechazó, y esa es la decisión que ahora queda respaldada. Para los magistrados, falta el título habilitante que la Ley de Costas impone como condición previa a cualquier autorización.
Lo que la comunidad quería arreglar eran pilares, frentes de forjado y revestimientos, junto a un antepecho de la cubierta que se había inclinado y amenazaba con desprenderse hacia la calle. La lista se completaba con grietas, gárgolas en mal estado, anclajes de barandillas y una mano de pintura. El diario Información ha comprobado que parte de esos trabajos se iniciaron y luego se detuvieron. Según ese periódico, el bloque presenta un buen mantenimiento y está ocupado tanto en temporada como por vecinos que viven en él de forma permanente.
Se trata de una construcción de tres plantas contando la baja, asentada en lo alto del acantilado con el que termina por el sur la playa de Mil Palmeras, próxima a la boca del río Seco y a la zona de las antiguas canteras romanas. Urbanísticamente ocupa la parcela 31 del sector R/IV de Torre de la Horadada.
El núcleo del litigio es una cuestión de fechas. El Ayuntamiento otorgó la licencia el 8 de julio de 1988 a una promotora del grupo Manoli SA (Masa), y la Ley de Costas empezó a aplicarse el 29 de ese mismo mes. La comunidad defendía que existían indicios de un arranque de obras anterior y que el solar era entonces edificable. El tribunal no lo da por probado: subraya que la escritura de división horizontal data de enero de 1990 y pesa también que aquella licencia quedó sin efecto en diciembre de 1990 por resolución judicial, que el Tribunal Supremo ratificó en 2000. En consecuencia, el edificio queda fuera del régimen transitorio de la norma.
Pilar I sobrevivió a los derribos de su entorno. En marzo de 2002, la Generalitat optó por no reclamar la demolición de tres edificios ya acabados y ocupados por compradores considerados de buena fe: este y dos de Orihuela Costa. Se les permitía seguir en situación de fuera de ordenación, a expensas del planeamiento y de un visto bueno de Costas, pero eso no los convertía en legales. En noviembre de 2008, una inspección verificó que las estructuras a medio construir en la franja de 100 metros habían desaparecido; el bloque continuaba, si bien Costas avisó de que su uso como vivienda chocaba con la ley.
Los intentos de encaje urbanístico tampoco han prosperado. Una modificación del plan parcial de los sectores R/III y R/IV, aprobada en noviembre de 2016, fue impugnada por la Abogacía del Estado; el TSJCV le dio parcialmente la razón en diciembre de 2019 y señaló que nada acreditaba de forma fehaciente que el bloque estuviera levantado antes de la ley. En abril de 2022 se publicó un nuevo cambio que desplazó la edificabilidad de la parcela fuera de la franja protegida, sin regularizar lo construido. Ese plan abría la puerta a obras de mantenimiento por seguridad siempre que Costas las autorizara, algo que no ocurrió, y mantenía sin plazo la opción de un expediente de restablecimiento de la legalidad.
Gracias a esos cambios, el promotor reubicó su edificabilidad en suelo no afectado y construyó allí bloques de cuatro y cinco alturas. A cambio, además de demoler lo inacabado, ejecutó zonas verdes, un paseo y aparcamientos junto al litoral.
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