La Generalitat invertirá 13,71 millones de euros en once acequias y azarbes de la Vega Baja con una longitud conjunta de 25 kilómetros. Es la tercera fase del plan para consolidar la red de riego de la comarca, y su finalidad es que esos cauces evacúen más agua durante las tormentas para reducir los daños en cultivos, infraestructuras y poblaciones cercanas. Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, anunció la inversión el jueves en Orihuela, en una reunión celebrada con los directivos del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y Pueblos de su Marco, que actuó como anfitrión.
Al encuentro asistieron también Eva Ortiz, senadora; Lourdes Pérez Berná, responsable de la Dirección General del Agua y Desarrollo Rural; Pepe Vegara, alcalde oriolano, y Noelia Grao, que lleva la concejalía de Agricultura, junto a representantes del juzgado y cargos de la Conselleria.
Cinco entidades de riego tienen cauces incluidos en esta etapa: los juzgados privativos de Orihuela y de Callosa de Segura, el Juzgado de Aguas del Azud de Alfeitamí, radicado en Almoradí, la Comunidad de Regantes de Catral y el Sindicato General de Aguas de San Fulgencio. En total, las intervenciones alcanzan 50.000 hectáreas de esos cinco términos. El Consell da por cerrada con ella la renovación de la red histórica de riego de la Vega Baja.
Desde el punto de vista administrativo, la supervisión del proyecto ya obtuvo un informe favorable. Falta encomendar la ejecución a Tragsa, trámite que la Generalitat espera completar a finales de 2026. El conseller describió esta fase como el remate del plan de ayudas a la comarca y elogió a los presentes: «Nos enorgullece estar junto a nuestros regantes y nuestros agricultores. Estamos orgullosos de vosotros».
José Bernabé, juez de Aguas de Orihuela, mostró su gratitud a la Conselleria —«Para nosotros solamente nos cabe dar las gracias», afirmó—, aunque advirtió de que la visita se producía con retraso: parte de los fondos irá a acueductos del juzgado que arrastran daños desde la dana de 2019. Este tribunal consuetudinario, declarado Bien de Interés Cultural inmaterial, reúne a cerca de 12.000 regantes y administra 6.790,93 hectáreas en municipios como Orihuela, Algorfa, Benejúzar, Bigastro, Jacarilla, Rafal y Redován. La Generalitat calcula que el 60 % del agua de riego en esa zona llega a través del trasvase Tajo-Segura.
Precisamente el trasvase centró una parte importante de la conversación. Barrachina estimó que el campo alicantino puede perder más de 80 millones de euros si no recibe esos caudales. Según la Conselleria, un hectómetro cúbico destinado al regadío genera alrededor de cuatro millones de euros y mantiene 86 empleos directos. El conseller denunció que siguen sin enviarse decenas de hectómetros ya aprobados por la Comisión Central de Explotación, una demora que, con sus números, pone en juego unos 1.750 empleos y en torno a 380.000 jornales.
El conseller exigió al Gobierno central que conserve en buen estado las infraestructuras hidráulicas que le corresponden. Criticó que la reparación de los canales estatales tenga plazos que «se dilatan hasta bien entrado el próximo año» y pidió al ministerio «que cumpla con su obligación de mantener las infraestructuras». Se definió además «orgulloso de un Gobierno que aporta, mientras otros recortan el agua indispensable del trasvase».
La jornada terminó en Mariano Cases, barrio de Orihuela donde se construye el nuevo paso de la acequia de Alquibla, presupuestado en 958.348,35 euros. La estructura descansa sobre pilotes prefabricados, dispone de un armazón metálico y se une al cauce con tramos de hormigón armado, una solución elegida para terminar antes y que los regantes pasen menos tiempo sin servicio. Esa obra pertenece a un encargo distinto, aprobado en diciembre de 2023 con 4,7 millones para conducciones de Orihuela, Catral, San Fulgencio y Crevillent.
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