La Guardia Fronteriza polaca detuvo en los últimos días a 17 extranjeros en Varsovia, Pruszków y Sulejówek. Entre ellos había personas que residían en Polonia sin cumplir los requisitos legales, cuatro hombres que acababan de salir de centros penitenciarios y un ciudadano georgiano reclamado por la justicia para cumplir una pena. La portavoz del cuerpo, la mayor Dagmara Bielec, informó de que las actuaciones se desarrollaron en la capital y en dos municipios de su entorno.
Entre los detenidos hay tres ciudadanos ucranianos, tres georgianos y dos tayikos. Los otros nueve procedían, uno por país, de Bielorrusia, Rusia, China, Nigeria, Costa de Marfil, Vietnam, Uzbekistán, Turkmenistán y Colombia. En total, el grupo reúne a personas de 12 países.
En la mayoría de los casos, las detenciones se produjeron durante controles sobre la legalidad de la estancia. Bielec explicó que algunos afectados carecían de documentos vigentes para permanecer en Polonia; otros no cumplían las condiciones exigidas para residir en el país, y otros habían eludido decisiones anteriores que les obligaban a regresar. La portavoz señaló que las irregularidades en la residencia fueron el motivo más frecuente de las actuaciones.
Cuatro hombres —dos georgianos, un ucraniano y un colombiano— fueron detenidos justo después de abandonar prisiones o centros de detención preventiva. Habían estado en esos centros por delitos cometidos en territorio polaco. La Guardia Fronteriza consideró que suponían una amenaza para la seguridad y el orden público y abrió actuaciones para su retorno forzoso a sus países de origen.
El tercer ciudadano georgiano detenido residía legalmente en Polonia, pero estaba buscado por la justicia para cumplir una condena de 182 días de prisión. Su caso era distinto de los relacionados con la residencia irregular: la reclamación respondía a una pena pendiente. Durante las actuaciones, explicó Bielec, se mostró agresivo, desobedeció las órdenes de los agentes y opuso resistencia física. La portavoz añadió que agredió a los funcionarios y los amenazó de muerte. La Guardia Fronteriza abrió contra él un procedimiento penal separado por vulnerar la integridad física de agentes públicos y proferir amenazas. El hombre quedó bajo custodia.
En los casos de estancia contraria a la normativa, los procedimientos administrativos concluyeron con decisiones que obligaban a los afectados a regresar a sus países. También se impusieron prohibiciones de entrada en Polonia por periodos de entre seis meses y cinco años.
Por decisión de los tribunales, dos personas fueron internadas en un centro vigilado para extranjeros. Otros dos hombres fueron conducidos hasta la frontera estatal para ejecutar por la fuerza una orden de retorno. Estas medidas forman parte de las actuaciones comunicadas por la Guardia Fronteriza tras las detenciones.
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