El decreto que el Ejecutivo pretende llevar al Consejo de Ministros este martes también eliminaría el límite de edad para la prestación por cuidado de hijos con enfermedades graves y discapacidad.
El Gobierno prevé llevar este martes al Consejo de Ministros un real decreto con cambios en pensiones de orfandad, incapacidad temporal y prestaciones de cuidado. El borrador que el Ejecutivo manejaba el lunes, consultado por El País, plantea elevar la protección económica de hijos de mujeres asesinadas por violencia machista, crear dos nuevas causas de baja médica y retirar un límite de edad para familias cuidadoras. Las medidas aún están pendientes de aprobación.
La subida se dirigiría a quienes tenían menos de 21 años cuando fue asesinada su madre y no reúnen los requisitos para cobrar una pensión ordinaria de orfandad en determinados supuestos. El texto incluye casos equiparables a la orfandad absoluta, como aquellos en que el padre superviviente no se hace cargo de los hijos, y situaciones en que la madre no había cotizado el tiempo exigido. La prestación mínima se fijaría en el doble del salario mínimo interprofesional mensual; el borrador cifra el SMI vigente en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas. La modificación tendría efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2022 si se solicita dentro del año siguiente a su entrada en vigor.
El decreto incorporaría dos nuevos supuestos de incapacidad temporal. Uno cubriría a mujeres con una patología limitante por trastorno menopáusico secundario que reciban asistencia del sistema público de salud y no puedan trabajar. El otro se aplicaría a quienes no puedan trabajar por lesiones causadas por su pareja o expareja. Para reconocer esta última baja tendría que constar, antes del alta médica, documentación oficial sobre la violencia, como una orden de protección, una medida cautelar, un informe fiscal con indicios o una sentencia condenatoria, según el borrador.
La propuesta eliminaría para los trabajadores del sector privado el límite de 26 años de la prestación por cuidado de hijos con cáncer u otra enfermedad grave cuando tengan una discapacidad igual o superior al 65% o dependencia de grado III. Se mantendrían los requisitos de convivencia y de necesidad de cuidados directos, continuos y permanentes. El texto permitiría que ambos progenitores reciban la prestación si reducen jornada para cuidar a hijos distintos o que la compartan; en este último caso, el máximo conjunto sería el 50% de la base reguladora.
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