El Tribunal de Distrito de Tarnów condenó este jueves al obispo Andrzej Jeż a dos años de restricción de libertad por no comunicar a la policía y a la fiscalía, sin demora, información fiable sobre delitos sexuales contra menores de 15 años atribuidos a dos sacerdotes de su diócesis. La sentencia no es firme. Es la primera condena en Polonia a un obispo diocesano en ejercicio por incumplir el deber de denunciar estos delitos. El proceso no juzgaba a Jeż por los abusos, sino por el retraso en ponerlos en conocimiento de las autoridades.
La pena incluye que el prelado destine cada mes durante dos años el 25% de su salario a la Fundación Dajemy Dzieciom Siłę, dedicada a la protección de la infancia. También deberá pagar 20.000 złotys al Fondo de Ayuda a las Víctimas y de Asistencia Postpenitenciaria, además de las costas judiciales. El tribunal impuso un año y seis meses de restricción de libertad por cada uno de los dos incumplimientos. Jeż no acudió a la lectura del fallo.
La jueza Małgorzata Adamczyk afirmó que el acusado había antepuesto «su interés particular al bien de las víctimas». También sostuvo que los procedimientos internos de la Iglesia no sustituyen la obligación legal de avisar a las autoridades. El tribunal no consideró creíbles las explicaciones del obispo, que durante el proceso negó ser culpable.
Jeż justificó la demora por las dudas legales y las diferencias entre los casos. Sobre el sacerdote Stanisław P., sostuvo que no estaba clara la competencia de las autoridades polacas, porque los hechos habrían ocurrido principalmente en Ucrania. En el caso de Tomasz K., dijo que no supo hasta finales de 2021 que entre las personas afectadas había menores de 15 años. Su abogado, Zbigniew Ćwiąkalski, cuestionó que el deber de denunciar se aplicara a hechos conocidos antes de la reforma legal de 2017.
La reforma, que entró en vigor el 13 de julio de 2017, convirtió en delito no informar de determinados delitos, entre ellos los abusos sexuales contra menores de 15 años. La Fiscalía sostuvo que la diócesis presentó las denuncias más de tres años después, pese a haber iniciado investigaciones internas. El Tribunal Supremo resolvió en julio de 2022 que la obligación también podía afectar a quienes conocían los hechos antes de la reforma y no los denunciaron después. La acusación vinculó el retraso con la prescripción de delitos relacionados con algunas víctimas. El procedimiento sobre Stanisław P. se archivó en 2022 por prescripción; el relativo a Tomasz K. continúa ante un tribunal de Nowy Sącz.
La Fiscalía había pedido diez meses de prisión, con la ejecución suspendida durante tres años, y una multa de 20.000 złotys; la defensa reclamó la absolución. La diócesis de Tarnów anunció que solicitará la fundamentación escrita antes de presentar una apelación y expresó su desacuerdo con el fallo. También afirmó que informó a las autoridades de ambos casos y manifestó su pesar por el daño sufrido por las víctimas. El juicio duró ocho meses y contó, entre otros, con el testimonio de uno de los hombres afectados.
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