El Senado de Polonia aprobó este viernes, sin introducir cambios, dos reformas sobre el aborto y las remitió al presidente de la República, Karol Nawrocki. La primera recibió 58 votos a favor, 33 en contra y tres abstenciones; la segunda, 56 votos favorables y 34 contrarios, sin abstenciones. La aprobación de la Cámara alta no pone las normas en vigor: ahora corresponde al presidente decidir sobre ellas.
La reforma de la ley de planificación familiar recupera el supuesto que desapareció tras el fallo del Tribunal Constitucional de 2020. Permite interrumpir el embarazo cuando pruebas u otras circunstancias médicas indiquen una alta probabilidad de una malformación fetal grave e irreversible o de una enfermedad incurable que amenace la vida. La legislación vigente contempla el aborto cuando el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la mujer, sin límite de semanas, o cuando es consecuencia de un delito, hasta la semana 12.
El texto establece que la intervención se realice lo antes posible y, como máximo, dentro de las 72 horas siguientes al consentimiento de la mujer. También reconoce durante seis meses prioridad para recibir atención psicológica tras la interrupción del embarazo. Para los embarazos derivados de una violación, incorpora una vía para recurrir ante un tribunal si la Fiscalía se niega a confirmar que se cometió el delito; la resolución judicial tendría que llegar en los tres días posteriores a la presentación del recurso. La reforma prevé además que el aborto farmacológico pueda realizarse fuera de un hospital si el estado de salud de la mujer lo permite.
La segunda reforma deroga el artículo 152, apartado 2, del Código Penal, que establece penas para quien ayuda o persuade a otra persona a abortar fuera de los supuestos legales. La abogada Sabrina Mana-Walasek, asesora permanente de la comisión extraordinaria del Sejm que examinó los textos, explicó que esa ayuda puede incluir pagar o pedir medicamentos. La interrupción del embarazo fuera de los casos permitidos seguirá estando castigada. El cambio también prevé excluir la responsabilidad penal de médicos, enfermeras y matronas en determinadas actuaciones destinadas a proteger la vida o la salud de la embarazada, así como en situaciones vinculadas a las afecciones fetales contempladas por la reforma.
Mana-Walasek considera que la derogación puede reducir el efecto disuasorio que, a su juicio, las penas tienen sobre los médicos y cambiar la situación de familiares que ayudan a una mujer. La abogada señaló que las nuevas disposiciones no permiten abortar libremente fuera de los supuestos legales. La normativa incluye además el acceso prioritario a apoyo psicológico para mujeres que han interrumpido el embarazo, una medida que, según explicó, alcanza también a quienes lo hacen tras un diagnóstico fetal grave.
En el debate parlamentario, Ley y Justicia (PiS), principal partido de la oposición, pidió rechazar las reformas y sostuvo que debilitan la protección de la vida antes del nacimiento. La diputada de La Izquierda (Lewica) Joanna Wicha defendió que las sanciones a quienes ayudan pueden generar temor y retrasar decisiones relacionadas con la salud de la mujer. Ambos textos están ahora pendientes de la decisión de Nawrocki.
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