El informe analiza las presiones contra la sociedad civil entre 2015 y 2023, cuando gobernó Ley y Justicia (PiS). Lo elaboró una comisión creada en 2024 y encabezada por la jurista Sylwia Gregorczyk-Abram, que entregó la versión completa a Tusk y dio por concluidos sus trabajos el 30 de junio de 2026. Hasta ahora se habían presentado dos informes parciales, sobre el papel de los medios públicos y las presiones judiciales y legales.
El documento describe como sistemáticas las actuaciones que, según testimonios y análisis recogidos por la comisión, afectaron a activistas y participantes en protestas. Entre ellas figuran identificaciones y controles reiterados, registros, multas, detenciones y procesos prolongados. El informe sostiene que la acumulación de esas medidas podía generar presión psicológica, social y económica. También examina campañas en medios y redes, y afirma que se obtuvieron con Pegasus datos sobre redes cívicas que después llegaron al extranjero.
El texto aborda además la actuación policial. Según el informe, la Policía sancionó en un 9% de los casos a agentes a los que los tribunales habían atribuido abusos en detenciones o identificaciones. La información publicada por OKO.press señala que la comisión no encontró pruebas de que las prácticas analizadas se hubieran ordenado de forma directa y que, en muchos episodios, no pudo determinar quién era responsable individualmente.
OKO.press acusa al Ejecutivo de incumplir la obligación de publicar el informe y afirma que el Ministerio de Justicia no respondió a una solicitud de acceso a la información. Sin embargo, el propio medio señala que el reglamento de creación de la comisión no establece expresamente que el documento deba publicarse. Obywatele RP justificó su difusión en el derecho de la ciudadanía a conocer las conclusiones y recomendaciones, y cifró el coste de la comisión en 2,48 millones de złotys, unos 580.000 euros.
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