El Sindicato Nacional de Médicos de Polonia (OZZL) ha pedido este lunes una reunión urgente con la ministra de Sanidad, Jolanta Sobierańska-Grenda, y varios subsecretarios de Estado. El Sejm, la cámara baja, aprobó el jueves pasado una reforma que incluye límites salariales y de jornada para los profesionales sanitarios, además de una enmienda que permite apartar a médicos de la atención financiada con fondos públicos.
La medida, conocida como Lex K., contempla que el presidente del Fondo Nacional de Salud (NFZ) pueda imponer la prohibición por un periodo de entre uno y ocho años a quien certifique datos falsos sobre el tipo, el alcance o la duración de un procedimiento médico. Si hay una nueva infracción, la exclusión podría ser permanente. La decisión se incluiría en un registro público y podría recurrirse ante los tribunales. La reforma establece también un máximo de 240 zł brutos por hora.
El nombre alude al caso de Dawid K., un médico acusado a comienzos de octubre de fraude por más de 583.000 zł mediante facturas supuestamente irregulares presentadas en el Hospital del Sur de Varsovia. La acusación no equivale a una condena. El OZZL afirma que no defiende los abusos ni la falsificación de documentación, pero cuestiona que el presidente del NFZ —entidad que financia y supervisa las prestaciones— pueda decidir por sí solo una exclusión de ese alcance.
El sindicato considera que la posibilidad de recurrir no resuelve sus dudas sobre la proporcionalidad de la sanción ni sus efectos sobre el empleo médico y los hospitales. También sostiene que los límites de remuneración, jornada y competencia se han diseñado a partir de casos de altos ingresos en contratos, sin atender a las condiciones de los médicos con contrato laboral. Piotr Pisula, portavoz de la Cámara Médica Suprema, planteó el viernes en una entrevista con Rynek Zdrowia si una decisión así debería corresponder a un órgano colegiado y si tendría que existir una vía para volver al sistema público tras una exclusión permanente.
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