El viceprimer ministro y ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, líder del Partido Popular Polaco (PSL), presentó este jueves en Varsovia un proyecto para reformar la Constitución y renovar el Tribunal Constitucional. La propuesta, anunciada en el Congreso del Autogobierno Local polaco, plantea extinguir los mandatos de los 15 jueces en ejercicio y concederles la condición de jueces jubilados. El plan busca desbloquear el conflicto sobre la composición y la dirección del tribunal.
La Asamblea Nacional —reunión conjunta del Sejm, la cámara baja, y el Senado— podría acordar el fin de los mandatos a petición del Consejo Nacional de la Judicatura (KRS). La resolución necesitaría el respaldo de tres quintos de sus miembros. Kosiniak-Kamysz calculó que esa mayoría equivale a 336 votos de diputados y senadores, más que los que reúne cualquiera de las coaliciones actuales. La votación para elegir a los nuevos magistrados también requeriría tres quintos.
El nuevo tribunal tendría 15 integrantes. El presidente del Sejm propondría candidatos después de consultar al primer presidente del Tribunal Supremo, al presidente del Tribunal Supremo Administrativo y a los colegios profesionales jurídicos de ámbito nacional. Antes de la elección parlamentaria, necesitaría el consentimiento del presidente de la República, Karol Nawrocki; los jueces prestarían juramento ante la Asamblea Nacional. El texto publicado por Kosiniak-Kamysz en X establece mandatos de tres, seis y nueve años para grupos de cinco jueces. En su discurso, sin embargo, mencionó periodos de tres, cinco y nueve años.
El líder del PSL defendió la reforma como una salida que no determine quién gana la disputa y que evite la existencia de dos tribunales enfrentados. Según explicó, después de esta renovación excepcional se recuperaría el método de elección vigente o se adoptaría otro si hubiera mayoría para cambiarlo. Afirmó que la propuesta tiene en cuenta resoluciones de tribunales polacos y europeos y recomendaciones de la Comisión de Venecia. El proyecto introduce un artículo constitucional nuevo, acompañado de una justificación más extensa.
La iniciativa llega tras una escalada del conflicto. El viernes 30 de octubre, la jueza Anna Korwin-Piotrowska, elegida por el Sejm actual, anunció que asumía la dirección del tribunal como magistrada de mayor antigüedad y suspendió en sus funciones al presidente, Bogdan Święczkowski, y al vicepresidente, Bartłomiej Sochański. Nawrocki interrumpió un viaje al extranjero y acudió a la sede del tribunal esa noche. El presidente denunció después una toma por la fuerza del órgano; el primer ministro, Donald Tusk, calificó la actuación de PiS y de los presidentes Andrzej Duda y Nawrocki de ataque al tribunal.
Para registrar una reforma constitucional en el Sejm hacen falta las firmas de al menos 92 diputados. El grupo parlamentario del PSL cuenta con 32; Kosiniak-Kamysz pidió el apoyo de todas las fuerzas, en especial de la Confederación y Rozwój Plus, y dijo confiar en sumar respaldos de Polonia 2050. El miércoles, el ministro de Justicia, Waldemar Żurek, expresó su preocupación por que un reinicio paralizara el tribunal, aunque se mostró abierto a estudiar cambios futuros en las reglas de elección que no interrumpan su trabajo.
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