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Política · Salud pública

La comisión del Senado elimina la inhabilitación y aprueba límites salariales

El texto suprime la posibilidad de excluir a profesionales sanitarios del sistema público por falsear documentación. El pleno de la Cámara alta prevé votarlo este miércoles.

Foto: vía TVN24

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La comisión de Salud del Senado de Polonia aprobó este martes el proyecto que fija límites a las remuneraciones de los profesionales sanitarios y eliminó el artículo que permitía apartarlos del sistema público por falsear documentación. El pleno de la Cámara alta tiene previsto votar la iniciativa este miércoles.

La cláusula, incorporada en la Cámara baja (Sejm) mediante una enmienda del diputado Janusz Cieszyński, de Rozwój Plus, facultaba al presidente del Fondo Nacional de Salud (NFZ) para prohibir a un profesional prestar servicios financiados con fondos públicos durante entre un mes y ocho años. En caso de reincidencia, la sanción podía ser permanente. La disposición incluía supuestos como falsear el registro de horas trabajadas o emitir sin justificación una baja médica o una receta.

Los juristas de la oficina legislativa del Senado consideraron que añadir esa regulación durante la tramitación excedía el alcance del proyecto y planteaba un problema de constitucionalidad. Tomasz Grodzki, senador de la Coalición Cívica (KO), propuso sustituir la exclusión permanente por una de cinco años en caso de dos infracciones administrativas intencionadas. Cieszyński planteó cambios, entre ellos limitar la sanción a dos años, pero la comisión votó suprimir todo el artículo.

Las críticas también alcanzaron los límites salariales. Waldemar Kraska, senador de Ley y Justicia (PiS), principal partido de la oposición, sostuvo que la tarifa máxima prevista de 240 złotys por hora podría dificultar la cobertura de turnos en urgencias y reducir el acceso de los pacientes. Wojciech Konieczny, senador de La Izquierda (Lewica), cuestionó la evaluación de los efectos de la norma y advirtió de posibles alteraciones en el sistema. Cieszyński defendió la cláusula como una forma de proteger el uso de los fondos públicos.

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