Polonia todavía no ha aprobado la ley para incorporar la directiva europea sobre el trabajo en plataformas, cuyo plazo vence el 2 de diciembre. El Ministerio de Familia, Trabajo y Política Social presentó su proyecto en agosto y este miércoles inicia una conferencia de coordinación de tres días para revisar las más de 700 observaciones recibidas. Después, el texto deberá pasar por órganos del Ejecutivo, el Sejm y el Senado, antes de llegar al presidente. El ministerio no ha podido precisar cuándo lo enviará al Consejo de Ministros.
La directiva, aprobada en otoño de 2024, establece una presunción de relación laboral entre las plataformas y quienes trabajan a través de ellas cuando las circunstancias indiquen que la empresa dirige o controla su actividad. También exige transparencia sobre los algoritmos que asignan encargos. El proyecto polaco encomienda a la Inspección Nacional del Trabajo determinar si se dan las condiciones para aplicar esa presunción; tanto la plataforma como el trabajador podrán rebatirla.
La patronal Lewiatan, que participó en las consultas en nombre de la plataforma finlandesa Wolt, pide más tiempo y cambios en el proyecto. Veronika Bush, responsable de política pública de Wolt para Europa Central, sostiene que una aplicación rígida de la directiva eliminaría entre 39.000 y 41.000 oportunidades de ingresos para repartidores. Esa cifra procede de un análisis de Pragmatic Policy Group encargado por Wolt.
Zentrale, un grupo de repartidores y trabajadores de plataformas, cuestiona ese análisis porque fue encargado por Wolt y acusa al sector de ejercer presión sobre la ley. El grupo también critica la lentitud del ministerio. La ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk pidió que se vigile el proceso legislativo ante el riesgo de intentos de influir en el contenido de la norma.
El asesor jurídico Robert Lisicki, experto de C&C Chakowski&Ciszek, considera que Polonia no aprobará la ley a tiempo, aunque señala que el retraso no hará que la directiva se aplique automáticamente en el país. Añade que los tribunales deberán interpretar, cuando sea posible, la legislación polaca de acuerdo con la norma europea y que los afectados podrían reclamar una indemnización al Estado.
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