La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), una organización no gubernamental con sede en Suiza, pidió el miércoles a las instituciones polacas que resuelvan conforme a la ley la crisis del Tribunal Constitucional. La entidad cuestionó dos actuaciones de signo contrario: la suspensión de su presidente y su vicepresidente por magistrados elegidos con el apoyo de la mayoría parlamentaria y la negativa del presidente, Karol Nawrocki, a jurar a cinco de los ocho jueces elegidos este año.
La CIJ considera que el bloqueo de esos cinco nombramientos vulnera los estándares internacionales y contradice una medida provisional dictada en mayo por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta instó a permitir que todos los jueces elegidos por el Parlamento pudieran ejercer. Nawrocki y el presidente suspendido del Constitucional, Bogdan Święczkowski, han rechazado esa interpretación y sostienen que el tribunal europeo no tiene competencia para ordenar esa medida.
La organización también advirtió de que apartar a Święczkowski y a su vicepresidente, Bartłomiej Sochański, sin un procedimiento justo establecido por ley y con intervención policial atenta contra la independencia judicial. Al mismo tiempo, situó el origen de la crisis una década atrás, en actuaciones del Gobierno del partido Ley y Justicia (PiS), entonces en el poder, que incluyeron nombramientos irregulares y, a juicio de la CIJ, debilitaron la legitimidad del tribunal.
La disputa tuvo otro episodio el martes, cuando fracasó el intento de organizar una sede alternativa del Constitucional en el Tribunal Supremo. Święczkowski pretendía que allí comenzaran a trabajar magistrados nombrados durante los gobiernos del PiS. Cinco de los siete jueces de ese grupo acudieron a las conversaciones y dos no asistieron; la falta de apoyos impidió constituir el tribunal alternativo. También participó el juez Jarosław Wyrembak, cuyo mandato termina en enero de 2027. Zbigniew Kapiński, que ejerce como primer presidente del Supremo, intervino en las conversaciones.
Ese mismo martes, Nawrocki responsabilizó al primer ministro, Donald Tusk, de la situación durante una reunión del Consejo de Seguridad Nacional. El presidente dijo que utilizaría las prerrogativas de su cargo para impedir, según sus palabras, un intento de alterar el orden constitucional. Los medios fueron excluidos de la sala antes de que empezara la parte reservada de la reunión, por lo que Tusk no respondió públicamente allí.
El miércoles, el ministro de Justicia, Waldemar Żurek, anunció en un vídeo que enviaría a la oficina presidencial un ejemplar de la Constitución con cuatro artículos señalados: los relativos a la separación de poderes, las competencias presidenciales, la independencia judicial y la elección de los magistrados del Constitucional por el Sejm, la Cámara baja. Żurek sostuvo que la disputa afecta a los ciudadanos y afirmó que 1.171 casos llevan esperando hasta 13 años.
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