El primer ministro Donald Tusk pide revisar las normas sobre armas
El examen incluirá los campos de tiro y el registro de las armas privadas. Tusk pidió evitar decisiones precipitadas tras el ataque de Cracovia.
El examen incluirá los campos de tiro y el registro de las armas privadas. Tusk pidió evitar decisiones precipitadas tras el ataque de Cracovia.

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El primer ministro polaco, Donald Tusk, pidió este martes a varios miembros de su Gobierno que revisen con urgencia las normas sobre armas, tras el ataque del sábado en Cracovia. En la reunión del Consejo de Ministros encargó el examen a Marcin Kierwiński, ministro del Interior y Administración; Tomasz Siemoniak, coordinador de los servicios especiales; Waldemar Żurek, ministro de Justicia, y Joanna Kapińska, presidenta del Centro Gubernamental de Legislación. La revisión incluirá el funcionamiento de los campos de tiro y el registro de cada arma que pase a manos privadas.
Tusk pidió abordar el asunto de forma metódica y no tomar decisiones motivadas únicamente por el impacto del ataque. Señaló que hay propuestas para ampliar el acceso a las armas y otras para prohibirlas o endurecer las restricciones. También afirmó que algunos ejemplares de apariencia letal se clasifican como armas deportivas o de colección y que hay particulares con centenares. Recordó que el atacante, Michał Oksiński, había superado una evaluación psicológica antes de obtener un permiso en marzo.
El ataque armado del sábado dejó seis muertos y más de una docena de heridos. Oksiński murió el lunes en el hospital por las heridas sufridas durante un enfrentamiento con dos policías, que también resultaron heridos. La policía informó de que uno de los agentes permanecía entonces en estado grave pero estable.
El lunes, el viceministro del Interior Wiesław Leśniakiewicz había planteado revisar la ley de armas y munición de 1999, establecer controles médicos periódicos y crear un registro para las armas de pólvora negra. Tusk anunció además que el Gobierno llevaría este martes al Consejo de Ministros un proyecto que prevé penas de hasta diez años de prisión por ataques a policías con objetos capaces de poner en peligro su vida o su salud.
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