La Asamblea General de jueces del Tribunal Constitucional de Polonia está convocada para este martes a las 15.30 en la sede del órgano, en Varsovia, para tratar, entre otros asuntos, el plan de ingresos y gastos de 2027. La reunión, convocada por la jueza Anna Korwin-Piotrowska, se celebrará con el tribunal dividido sobre el quórum legal y sobre quién puede dirigirlo de forma provisional.
El Constitucional tiene 15 magistrados: ocho elegidos por la mayoría parlamentaria actual y siete por la anterior. Estos últimos —Bogdan Święczkowski, Bartłomiej Sochański, Stanisław Piotrowicz, Jakub Stelina, Wojciech Sych, Rafał Wojciechowski y Jarosław Wyrembak— han anunciado que no asistirán y consideran ilegales las actuaciones de Korwin-Piotrowska. Si mantienen el boicot, quedarían ocho jueces; tampoco está clara la presencia de Dariusz Szostek, que está de baja médica.
La ley exige la presencia de al menos dos tercios del total de jueces para que la Asamblea adopte acuerdos: si el denominador es 15, el mínimo sería diez. Otra interpretación, defendida por algunos juristas, excluye a tres magistrados —dos apartados temporalmente de sus funciones y Wyrembak, a quien consideran un juez duplicado— y calcula dos tercios sobre 12: ocho. El expresidente del Constitucional Marek Safjan y el jurista Michał Romanowski han respaldado ese cálculo. No hay un precedente que resuelva la discrepancia.
La legitimidad de la dirección provisional también está cuestionada. Korwin-Piotrowska ha asumido la gestión del tribunal tras anunciar que apartaba temporalmente de sus funciones a Święczkowski y a Sochański, el presidente y el vicepresidente, respectivamente. Ambos y otros jueces rechazan su autoridad; el jefe de la Cancillería presidencial, Zbigniew Bogucki, también sostiene que ella no podía convocar la Asamblea. En paralelo, la portavoz del Constitucional, Weronika Ścibor, difundió una autorización firmada por Święczkowski el 28 de abril que encomienda a Piotrowicz sustituir al presidente y al vicepresidente durante sus ausencias y dirigir la actividad del órgano. El documento ofrece un criterio distinto sobre quién debe asumir esas funciones, pero no zanja la controversia.
El lunes, Korwin-Piotrowska informó en un comunicado publicado en la web del tribunal de que un examen preliminar había contabilizado 1.171 asuntos pendientes. Más de 700 no habían recibido trámite y casi 350 eran recursos constitucionales presentados por ciudadanos, según los datos que difundió. La jueza prometió transparencia sobre las finanzas del órgano y anunció que la reunión abordará el plan de ingresos y gastos para 2027.
El enfrentamiento se enmarca en el choque ocurrido en la sede del tribunal durante la noche del 30 al 31 de octubre, cuando el presidente polaco, Karol Nawrocki, y Korwin-Piotrowska coincidieron en la puerta. El portavoz presidencial, Rafał Leśkiewicz, pidió que el Consejo de Seguridad Nacional no pase por alto lo sucedido y lo vinculó a la seguridad del Estado. El ministro de Justicia, Waldemar Żurek, rechazó en TVN24 que el presidente hubiera sufrido una agresión y sostuvo que la jueza permaneció pasiva y que Nawrocki la atacó.
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