La Fiscalía Nacional de Polonia justificó este sábado la vigilancia policial impuesta a Jarosław Olechowski, jefe de editores de TV Republika, por considerar necesario asegurar la investigación después de que el periodista declarase que no tenía residencia fija en el país. Olechowski sostiene que sí cuenta con una dirección permanente registrada en Polonia, aunque no vive allí, y que no facilitó su domicilio actual por temor a represalias contra su familia.
La portavoz de la Fiscalía, Anna Adamiak, explicó que la medida responde a la necesidad de garantizar el desarrollo del proceso. El portal wPolityce informó de que Olechowski debe presentarse una vez por semana en una comisaría. En su respuesta a ese medio, el periodista afirmó que no se esconde ni ha retrasado las actuaciones y que acudió a la citación, remitida a su dirección laboral. Añadió que está en contacto con el policía que llevó otra citación a la dirección donde figura registrado.
La Fiscalía imputó a Olechowski el viernes 13 de noviembre por presunta vulneración de la inviolabilidad de un espacio protegido, delito recogido en el artículo 193 del Código Penal polaco. La investigación se refiere a la entrada de trabajadores de la cadena en la zona de seguridad de la Fiscalía Nacional, en Varsovia, el 20 de mayo, durante el interrogatorio a Tomasz Sakiewicz, presidente de TV Republika. Según los investigadores, Olechowski accedió sin tarjeta identificativa ni controles de equipaje y seguridad pirotécnica, y no abandonó la zona cuando se lo ordenaron funcionarios del Servicio Penitenciario. El periodista no reconoció los hechos y se negó a declarar.
El ministro de Justicia y fiscal general, Waldemar Żurek, defendió que la acreditación de prensa permite recabar información y hacer preguntas, pero no exime de cumplir las normas de acceso. Zbigniew Ziobro, exministro de Justicia y diputado de Ley y Justicia (PiS), principal partido de la oposición, calificó el caso de represalia política del Gobierno de Donald Tusk contra la cadena. También lo comparó con el conflicto en el Tribunal Constitucional y acusó a las autoridades de perseguir a jueces que, según él, fueron apartados por la fuerza, en lugar de actuar contra quienes ocuparon la institución.
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