El tribunal condenó el jueves 29 de octubre a Andrzej Jeż, obispo de Tarnów, por no informar de inmediato a las autoridades de denuncias creíbles de abusos sexuales a menores atribuidos a sacerdotes bajo su responsabilidad. La diócesis anunció que recurrirá la sentencia una vez examinada la fundamentación escrita. Es el primer fallo de este tipo dictado en Polonia contra un obispo.
La pena no implica prisión: Jeż deberá destinar durante dos años el 25% de sus ingresos a la Fundación Dajemy Dzieciom Siłę (Damos fuerza a los niños), que ayuda a víctimas de abusos infantiles. También tendrá que pagar 20.000 złotys —unos 4.550 euros— al Fondo de Ayuda a las Víctimas y Asistencia Pospenitenciaria. El obispo no fue condenado por participar en los abusos.
El caso se refiere a dos sacerdotes identificados como Stanisław P. y Tomasz K. por las normas polacas de privacidad. La Iglesia inició una investigación interna sobre el primero en la década de 2000 y decidió apartarlo del sacerdocio en 2013; Jeż informó a la fiscalía en 2020. Los fiscales cerraron la investigación en 2022 porque los delitos habían prescrito. Concluyeron que el sacerdote había perjudicado al menos a 95 menores y cometido actos sexuales contra 77 durante varias décadas en Polonia y Ucrania. Jeż comunicó en 2021 las denuncias contra Tomasz K.; los fiscales decidieron imputarlo en 2023, pero no han podido comunicarle formalmente los cargos por su estado de salud.
La ley polaca de 2017 obliga a informar de inmediato de datos creíbles sobre abusos sexuales a menores y contempla penas de hasta tres años de prisión. El fiscal Marcin Stępień pidió diez meses de cárcel, suspendidos durante tres años, y una multa de 20.000 złotys. Sostuvo que la demora permitió que prescribieran delitos atribuidos a Stanisław P. y que Jeż informó después de que los medios difundieran las denuncias. El obispo negó los cargos y afirmó que avisó cuando contó con información creíble.
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