Hablemos de migración
España acaba de alcanzar los 50 millones de habitantes. El último dato del Instituto Nacional de Estadística, correspondiente al 1 de octubre, situaba la
España acaba de alcanzar los 50 millones de habitantes. El último dato del Instituto Nacional de Estadística, correspondiente al 1 de octubre, situaba la

España acaba de alcanzar los 50 millones de habitantes. El último dato del Instituto Nacional de Estadística, correspondiente al 1 de octubre, situaba la población en 49.935.642 personas, de las cuales más de 10 millones son nacidas en el extranjero. Rescato un dato: en el último año, el 98,8% del crecimiento demográfico se debió a la llegada de migrantes. Como ocurre en las sociedades desarrolladas, España ha convertido el progreso en una suerte de suicidio poblacional aplazado. Con una tasa de fertilidad muy por debajo de la cifra de reposición, su crecimiento demográfico depende enteramente de la inmigración, que explica también buena parte del crecimiento económico, por encima de la media europea. Es decir, hay más personas trabajando, consumiendo y viajando. Pero el reverso de esta expansión es el deterioro de los ingresos per cápita, con una economía que incorpora trabajadores no calificados a empleos precarios de bajos salarios.
Todo esto convive con la salida masiva de jóvenes españoles, muchos de ellos ya hijos de migrantes, que una vez formados en España se marchan al extranjero. Jóvenes bien preparados, aunque quizás peor de lo que se cacarea, que buscan países menos hostiles para conseguir un primer trabajo bien remunerado y, sobre todo, una primera vivienda. El verdadero rito de paso a la vida adulta es poder independizarse, algo que los españoles retrasan involuntariamente hasta edades absurdas, con efectos devastadores en todos los órdenes, incluida la autoestima colectiva de una generación. Hay algo profundamente disparatado en un país que necesita importar trabajadores mientras expulsa a sus propios jóvenes después de haberlos formado y les niega las condiciones materiales para empezar una vida independiente.
Si dejamos a un lado la población trabajadora flotante europea, que converge lentamente hacia un mercado laboral común, y a los jubilados con recursos, seducidos tanto por el sol como por la idiosincrasia española, el grueso de la población migrante procede de Marruecos e Hispanoamérica. Son dos realidades muy distintas. En el caso de la población magrebí, el problema de integración es real y desdeñarlo por cortesía moral no ayuda a resolverlo. En el conjunto europeo, el problema se extiende al resto del Magreb, Oriente Medio y África subsahariana. Se trata de una población cuyas lealtades identitarias, también en las segundas y terceras generaciones, se mantienen más vinculadas al país de expulsión que al de acogida, con un lazo que no desaparece por la mera adquisición de un pasaporte. El problema no es emocional, sino político, ante la dificultad que tienen muchos de ellos para aceptar el pacto laico, piedra angular de las libertades europeas.
Y hay algo aún más inquietante: la dificultad para hablar de estos problemas. La imputación de Michel Houellebecq en Francia por sus declaraciones sobre el islam y los musulmanes constituye un ejemplo elocuente. Lo que está en juego no es la simpatía que puedan despertar sus opiniones, sino la libertad para formularlas. La función del artista no es tranquilizar a la sociedad ni repetir las opiniones que esta considera admisibles, sino incomodarla, provocarla y obligarla a mirar aquello que preferiría no ver. Así lo hicieron los enciclopedistas hace casi tres siglos cuando sometieron el cristianismo, sus dogmas y sus instituciones a una crítica que entonces resultaba escandalosa. La libertad que permitió cuestionar la religión dominante no puede convertirse ahora en un privilegio reservado a las ideas que no ofenden a las nuevas ortodoxias. Houellebecq ejerce esa tradición de provocación intelectual y resulta grotesco que su palabra termine en manos de un juez.
En la misma batalla se inscribe Nora Bussigny. En Les Nouveaux antisémites, fruto de una investigación de infiltración en los ambientes de la ultraizquierda, la periodista documenta la extensión del antisemitismo y las complicidades entre la izquierda radical y el islamismo político. Su trabajo, reconocido con el premio Edgar Faure 2025, tiene el mérito infrecuente de investigar allí donde las anteojeras ideológicas y el miedo a la acusación de incorrección política imponen el silencio. Que una sociedad necesite periodistas infiltrados para conocer lo que sucede dice bastante sobre el estado de su debate público. Por su parte, la extrema derecha explota estas contradicciones desde un esencialismo cristiano. Y la respuesta liberal debería ser exactamente la contraria: defender sin complejos la libertad de expresión, el Estado laico y el derecho a investigar y discutir cualquier ideología, también el islamismo.
América Latina ha fracasado históricamente en la construcción de Estados sólidos, en los que la ley y el monopolio legítimo de la violencia sean innegociables. Al mismo tiempo, como ha señalado Tomás Pérez Vejo, ha sido una formidable fábrica de naciones. Basta observar cómo el estrecho istmo centroamericano, valga la redundancia, ha dado lugar a seis naciones orgullosamente seguras de sí mismas. España, por el contrario, cuenta desde hace muchos siglos con una firme construcción estatal, pero una portentosa incapacidad de reconocerse como una nación, pese a tener más oropeles históricos que casi ninguna otra.
Recuerdo una escena mexicana que expresa esta paradoja. Después del levantamiento armado neozapatista, en 1994, la sociedad civil forzó un alto el fuego y unas conversaciones que se celebraron en la catedral de San Cristóbal de las Casas por intermediación del obispo Samuel Ruiz. De un lado estaba el Gobierno del PRI, con toda su retórica, colmillo político y mascaradas; del otro, una explosiva mezcla de indigenismo de escuela antropológica, marxismo-guevarismo y genuino malestar de los pueblos mayas de la selva chiapaneca. Pero nada más comenzar las pláticas entre Manuel Camacho y el subcomandante Marcos, alguien sacó una bandera mexicana que rápidamente unió a todos los asistentes en una improvisada ceremonia cívica y en el canto del himno nacional. Algo inimaginable en España. Y, sin embargo, aquel nacionalismo tan trompetero de América Latina enmascara graves carencias ciudadanas, sobre todo en el respeto a la ley, que se considera optativo.
Si España quiere celebrar que su crecimiento migratorio se produzca, con los migrantes de América hispana, en un escenario de afinidad cultural, por lengua y religión, no puede olvidar que el verdadero sesgo tiene que ver con el cumplimiento de la ley. Si ese sistema de excepciones, informalidades y transgresiones cotidianas se impusiera aquí, el desastre sería para siempre. Y lo digo como testigo de cómo ese respeto se va desmoronando cotidianamente. No me refiero a las peligrosas mafias latinas, tema de la policía, sino a las reglas de tráfico, las filas para comprar, el cruce de las calles y tantas otras pequeñas manifestaciones de una cultura en la que cada uno parece autorizado a establecer su propia excepcionalidad.
Muchos latinoamericanos están aquí en busca de un mejor destino y son contribuyentes netos. Tienen instinto empresarial y están transformando la vida cotidiana de las ciudades. En Aranjuez, donde vivo, los nuevos comercios de restauración son en buena medida latinos: pollos asados colombianos, empanadas argentinas, arepas venezolanas. Pero también hay muchos hijos del expolio, de las corruptas dictaduras y de los nuevos regímenes autoritarios, que ven en España una forma fácil, cómoda y segura de lavar su dinero mal habido. La proximidad cultural no debe hacernos olvidar las redes corruptas trasatlánticas, como enseña el caso Zapatero.
Hay una última responsabilidad que corresponde a España y que resulta especialmente urgente en un mundo en el que cambian las alianzas, se reordenan las fuerzas en disputa y los problemas desbordan todas las fronteras. Es sencillamente ridículo pensar que se va a poder integrar a millones de inmigrantes con un sistema educativo en manos de 17 autonomías, algunas de las cuales parecen empeñadas en reforzar hasta la mínima diferencia en lugar de transmitir lo común. Salvo excepciones, como Madrid, la escuela pública ha renunciado a su función de generar ciudadanos. No se trata de borrar los orígenes de nadie, sino de ofrecer a todos un marco común de pertenencia, una historia compartida y unas referencias culturales que puedan conocer, entender, defender y transmitir a las siguientes generaciones.
Los 50 millones de habitantes pueden ser una buena noticia. Pero una cifra demográfica no constituye por sí misma una comunidad política. España no puede ser un país de fronteras abiertas ni confundir la capacidad de acogida con la ausencia de límites. Cincuenta millones pueden representar una oportunidad; sesenta en apenas un lustro supondrían un crecimiento inmanejable. La inmigración latinoamericana ofrece a España una oportunidad siempre que la afinidad no haga olvidar lo esencial: una nación necesita ciudadanos, los ciudadanos necesitan un Estado y un Estado digno de ese nombre empieza por hacer cumplir la ley. La nación española debe ser una nación segura de sí misma, capaz de integrar sin renunciar a sus reglas y de acoger sin abdicar del control de sus fronteras. Claro que para todo esto hay una condición previa: que quienes han hecho de la trampa su método de gobernar estén fuera del poder.
Texto de The Objective tal como lo publicó, leído de su página y mostrado aquí con el formato de El Autómata. El original, en theobjective.com · Volver a la noticia de El Autómata