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Opinión
Comunitat Valenciana · Patrimonio valenciano

El patrimonio debe ser una prioridad

Editorial de Levante-EMV

Foto: vía Levante-EMV

La tesis Reclama que la Generalitat y los ayuntamientos desbloqueen expedientes y mejoren inventarios e inversiones, pues la desatención administrativa deteriora el patrimonio valenciano.

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La Comunitat Valenciana está dejando perder parte de su patrimonio por dejadez administrativa. Los 1.300 expedientes pendientes en la dirección general de Patrimonio, una inversión en conservación que sigue en mínimos desde 2008 y la ausencia de inventarios fiables en numerosos municipios dibujan un problema que desborda la sensibilidad cultural. Es un fallo de gestión pública. Detrás de cada demora hay edificios que se deterioran, intervenciones que se encarecen y oportunidades de recuperación que desaparecen.

Ese atasco revela una manera de gobernar que sigue considerando la protección patrimonial un obstáculo para el urbanismo. El Consell debe responder por la parálisis de sus expedientes, y los ayuntamientos, por las carencias de sus catálogos y su vigilancia. Concentrar los recursos en unas pocas actuaciones monumentales tampoco sustituye una política de conservación. El presupuesto de este año apenas alcanza para dos monasterios, mientras todo lo demás queda a la intemperie.

La orientación de la Unión Europea ofrece un marco que la Generalitat debería asumir con decisión. Sus políticas reconocen el patrimonio como un recurso para la cohesión social, la revitalización urbana y rural y el desarrollo sostenible. Conservar permite mantener oficios, recuperar espacios para usos colectivos y dar continuidad a un pasado común. La responsabilidad principal corresponde a los Estados y a sus administraciones regionales y locales; la UE apoya y complementa esa tarea.

Invocar Europa exige, por tanto, empezar por cumplir aquí. El problema comienza por algo tan elemental como conocer qué se debe proteger. Conviven planes generales envejecidos, catálogos insuficientes y municipios que sí han realizado un trabajo riguroso. El resultado es un mapa desigual en el que el valor de un edificio depende menos de su historia que del ayuntamiento que le haya tocado. Hay poblaciones que han hecho los deberes y otras que nunca los empezaron.

Una administración que desconoce su patrimonio llega tarde a protegerlo. Urge la revisión rápida, sistemática y rigurosa del planeamiento que reclama el Colegio de Arquitectos. Hace falta voluntad política, coordinación y apoyo técnico a los ayuntamientos con menos medios. Vecinos, propietarios, promotores y técnicos deben poder consultar información clara y actualizada sobre los bienes y sus condiciones de protección. La seguridad jurídica también se construye anticipando las reglas, evitando que cada actuación desemboque en un conflicto cuando el derribo ya amenaza.

Esa mirada debe alcanzar más allá de los grandes monumentos. Los bienes de interés cultural y los de relevancia local cuentan con una protección específica, pero el carácter de nuestros pueblos también descansa en casas tradicionales, alquerías, fábricas, acequias, fuentes y bancales. Su valor reside muchas veces en el conjunto que forman. Conservar una fachada excepcional mientras se desfigura todo su entorno puede dejar una pieza aislada y destruir el paisaje que le daba sentido.

También en este punto resulta útil la referencia europea. Los principios de calidad elaborados por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) para intervenciones financiadas con fondos de la UE recomiendan integrar la conservación desde el diseño de los proyectos, prever el mantenimiento y garantizar que los nuevos usos sean compatibles con los valores del bien a conservar. Esta tarea debería unir. La Comunitat Valenciana arrastra heridas de viejas batallas patrimoniales convertidas en ajustes de cuentas políticos.

Por tanto, se necesita un acuerdo patrimonial que trascienda legislaturas y supere viejas batallas partidistas. Y eso debe traducirse en presupuestos sostenidos, personal suficiente, plazos razonables y prioridades públicas según el riesgo de pérdida. También en asistencia a los pequeños ayuntamientos y en una evaluación transparente de los resultados. El patrimonio no puede depender del empeño ocasional de un conseller, de la sensibilidad de un alcalde o de la capacidad de protesta de los vecinos.

La sociedad valenciana ya está dando ejemplo. Hay asociaciones que salen los fines de semana a recuperar fuentes, chozos y bancales, y vecinos que aplauden cuando se restaura un riurau. Esa dedicación merece instituciones que la acompañen y asuman sus obligaciones, porque cada pérdida patrimonial es irreversible y empobrece a quienes vendrán después. Conservar es una responsabilidad del presente.

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Texto íntegro de el editorial de Levante-EMV el 16 nov, 06:00. El Autómata lo recoge en su sección de Opinión sin cambiar una palabra; solo la tesis y el tema son nuestros, escritos por una inteligencia artificial. Leer en Levante-EMV.