
La tesis Advierte de que prorrogar indefinidamente las cuentas debilita su función como guía de gobierno y las aleja de las necesidades actuales de inversión y gasto público.
Tener Presupuestos anuales aprobados importa. Y mucho. En ellos se concretan decisiones que condicionan el bienestar de los ciudadanos, desde pensiones o educación hasta las grandes infraestructuras. Puede sonar aburrido, pero todas esas políticas exigen planificación, recursos y, sobre todo, Presupuestos discutidos y aprobados con compromisos a medio y largo plazo. Cierto es que algunas prioridades de inversión son económicamente discutibles, como la insistencia de políticos de todo signo en llevar el AVE a todas partes.
Más cuestionable aún es la falta de recursos para mantener todas las infraestructuras en buen estado. Los problemas de mantenimiento afectan no solo a carreteras o ferrocarril sino también a redes de abastecimiento de agua, los embalses o la red eléctrica. Coincide que toda esta discusión ha ganado mucha relevancia en el tramo final de la presente legislatura, marcada, además, por un solo Presupuesto aprobado en cuatro años. Prolongar sine die el Presupuesto es una anomalía institucional que debilita su papel central como guía de gobierno.
¿Dónde se recoge, si no, la planificación de la inversión en vivienda, defensa o energía, por citar solo algunas políticas públicas? Prórrogas como la de 2023 mantienen como punto de partida unas cuentas diseñadas para una realidad que ha cambiado. Cuanto más se prolonga esta situación, mayor es la desconexión entre las decisiones presupuestarias de partida y las necesidades presentes. Por ejemplo, el Presupuesto de 2023 difícilmente podía anticipar el esfuerzo para elevar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB requerido en 2025.
La sucesión de prórrogas presupuestarias ha banalizado su carácter excepcional, aunque aparentemente con escasos costes políticos. A fin de cuentas, todo parece seguir funcionando. Las pensiones se pagan, los hospitales siguen atendiendo emergencias o los profesores imparten sus clases. Las noticias que ocasionalmente llegan desde Estados Unidos, con miles de funcionarios enviados a casa por falta de Presupuestos, son demasiado lejanas. En España, por el contrario, las modificaciones presupuestarias ofrecen una herramienta flexible para seguir gobernando sin paralizar la actividad pública.
Pero esa flexibilidad tiene contrapartidas que pueden llegar a ser poco visibles. Muchas de las modificaciones presupuestarias se aprueban en el Consejo de Ministros, lo que otorga al Gobierno margen de discrecionalidad en la gestión del gasto público. Los Presupuestos prorrogados favorecen una gestión más reactiva del presupuesto, facilitando la toma de decisiones sobre la marcha. Especialmente con años de recaudación tributaria récord, como los vividos desde la pandemia.
Seguir la pista de las partidas que se van modificando cada martes en el Consejo de Ministros no resulta sencillo. Es el caso del aumento del gasto en defensa, al margen de que se considere necesario. El problema no es tanto la legalidad de tales decisiones, sino la dificultad para reconstruir una visión de conjunto de la política presupuestaria. Una sucesión de acuerdos aislados a base de modificaciones puede ocultar las prioridades reales del Gobierno, sean mejores o peores a vista de los ciudadanos.
Lo que se gana en flexibilidad y rapidez de respuesta puede perderse en capacidad de control parlamentario y de rendición de cuentas. El uso y abuso de las modificaciones no ha hecho más que crecer con la sucesión de prórrogas. En 2023, el montante se situó en alrededor de 21.000 millones de euros, aumentando a cerca de 78.000 millones en 2025. La cuantía ha seguido creciendo en 2026, hasta situarse en unos 82.000 millones solo hasta septiembre. Puesto en perspectiva, las modificaciones presupuestarias alcanzaron en 2025 un importe equivalente al 10% del gasto público total.
Lo preocupante es que una herramienta concebida para aportar flexibilidad termina desplazando el debate y aprobación parlamentaria del Presupuesto. Parece necesario limitar las prórrogas sucesivas mediante mecanismos que eleven su coste político y refuercen la presión parlamentaria para incentivar la negociación y aprobación de nuevos Presupuestos. Las soluciones seguramente pasan por reformas jurídicamente complejas. Como lo es la modificación de la Constitución para obligar a convocar elecciones ante la imposibilidad reiterada de aprobar nuevos Presupuestos.
En todo caso, al margen de reformas de mayor calado, hay cambios factibles que merecen cierta urgencia. Por un lado, parece razonable exigir en todo caso la presentación del Presupuesto, incluso cuando las posibilidades de aprobación sean reducidas. Es la forma natural y más directa de conocer las prioridades de quien gobierna. Por otro lado, debe reforzarse la transparencia de las modificaciones. Debería ser más sencillo para los ciudadanos identificar qué partidas aumentan, cuáles se reducen y de dónde proceden los recursos.
La información existe, sí, pero no siempre resulta fácil localizarla e incluso interpretarla. Es la forma de garantizar que la flexibilidad no se traduzca en una menor rendición de cuentas ante el Parlamento. Además, las prórrogas pueden debilitar la disciplina fiscal en el control del gasto público. Las últimas estimaciones de la Airef son preocupantes. El gasto primario neto, el principal indicador de referencia de las reglas fiscales, crecerá previsiblemente un 7,3% en 2026, más del doble de lo comprometido con la Comisión Europea.
Y no queda mucho margen para revertir esta situación. Como se ha advertido desde Funcas, España superará los márgenes de desviación permitidos por las reglas europeas, lo que exigirá ajustes que en 2027 podrían superar los 5.300 millones de euros. Naturalmente, la ausencia de nuevos Presupuestos no explica por sí sola el desacople con los compromisos de crecimiento del gasto primario. Sin embargo, tampoco facilita el establecimiento de prioridades y el control del crecimiento del gasto dentro de la estrategia fiscal a siete años pactada con Bruselas.
Gobernar sin nuevos Presupuestos es posible, pero a costa de debilitar la calidad institucional. Desiderio Romero-Jordán, Universidad Rey Juan Carlos y Funcas
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Texto íntegro de Desiderio Romero-Jordán, publicado en Expansión el 16 nov, 10:53. El Autómata lo recoge en su sección de Opinión sin cambiar una palabra; solo la tesis y el tema son nuestros, escritos por una inteligencia artificial. Leer en Expansión.
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