La mayoría de los ayuntamientos han optado por congelar el IBI de cara a 2027, un ejercicio marcado por la celebración de elecciones municipales, y algunos incluso han aprobado reducciones. Una decisión que debe valorarse no solo por el alivio inmediato que puede suponer para los contribuyentes, sino también por sus implicaciones presupuestarias, ya que la actualización periódica de ese impuesto permite compensar la inflación y el encarecimiento de los servicios, evitando que se erosione progresivamente la capacidad financiera de los consistorios.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que la evolución del IBI no refleja por sí sola el comportamiento de la fiscalidad municipal, porque la congelación de este impuesto contrasta con la evolución de la tasa de residuos, que ha aumentado en numerosos municipios a raíz de la obligación legal de cubrir el coste efectivo de la recogida, el transporte y el tratamiento de los desechos. Así, mientras los gobiernos locales optan mayoritariamente por no incrementar su principal impuesto en vísperas electorales, los hogares han tenido que asumir una mayor factura por otra vía. Aunque ambos tributos responden a lógicas distintas y el incremento de la tasa de residuos obedece a una exigencia normativa, esta divergencia obliga a valorar la presión fiscal municipal en su conjunto y plantea hasta qué punto la contención del IBI responde a criterios de prudencia presupuestaria o también al calendario político. Para los contribuyentes, el resultado es un aumento de los pagos municipales, con independencia de que se materialice en el IBI o en una tasa específica. La congelación de un tributo, por tanto, no equivale necesariamente a una congelación de la presión fiscal.
Los ayuntamientos deben afrontar un incremento de los costes que va más allá de la prestación ordinaria de los servicios públicos. A estos gastos se suman nuevas necesidades de inversión para adaptar las ciudades a los efectos del cambio climático, reforzar las infraestructuras y mejorar los sistemas de prevención y respuesta ante episodios extremos, como inundaciones, sequías o incendios. Estas exigencias amplían las necesidades de financiación y obligan a los consistorios a gestionar unos presupuestos cada vez más condicionados por la concurrencia de distintas prioridades. En este escenario, una congelación generalizada del IBI puede reducir el margen de actuación de aquellos municipios con menor capacidad financiera y limitar sus posibilidades de afrontar tanto las necesidades actuales como las futuras.
Reducir la carga fiscal cuando las circunstancias lo permiten no solo es legítimo, sino también deseable, pero aplazar las actualizaciones por razones electorales puede dificultar una planificación financiera responsable. La política tributaria municipal debe responder a las necesidades reales de cada consistorio y a su capacidad económica, con transparencia sobre el destino de los recursos y atención a la eficiencia del gasto, y no al calendario de las urnas. La responsabilidad de los gobiernos locales no consiste únicamente en evitar nuevos incrementos tributarios, sino también en garantizar que los ingresos disponibles permitan sostener los servicios públicos a largo plazo.