La tesis Defiende reintegrar a los exiliados forzosos vascos y navarros a sus censos electorales porque el terrorismo de ETA alteró la representación política y vació el voto constitucionalista.
Para entender las razones de la propuesta del Partido Popular de reintegrar a los exiliados forzosos del País Vasco y Navarra a sus cuerpos electorales, hay que hacer un poco de historia, tan necesaria en tiempos de olvido. El PP fue primera fuerza en San Sebastián entre 1995 y 2000, en elecciones municipales, autonómicas y generales. Su predominio fue aún más claro en Álava y, particularmente, en Vitoria, su capital. En el Parlamento Vasco, el PP fue segunda fuerza en 1998 y en 2001.
En Navarra, la derecha foral (UPN y PP), gana claramente elección tras elección, aunque perdiera el gobierno en 2015. Este cuadro de resultados revela una solidez de la derecha no nacionalista frente al que se alzó el terrorismo de ETA, con la cooperación activa de la izquierda 'abertzale' y el silencio cómplice del nacionalismo vasco. Al margen de errores propios de estrategia o de desavenencias ya superadas para el 29-N, sin la presión directa o indirecta del terrorismo, su ofensiva contra cargos electos o su plan de «socialización del sufrimiento», no se habría producido un vaciamiento tan significativo del voto constitucionalista.
Tampoco un escoramiento tan significativo hacia la izquierda separatista como el que ya se vio en las últimas autonómicas y como el que auguran, para el País Vasco, las encuestas para las próximas generales. Y hay un factor que remató el proceso de alteración del curso natural del voto vasco, que fue la estrategia de blanqueamiento de ETA misma por el socialismo español, de la mano de Zapatero, primero, con una negociación que nunca tuvo por objetivo la desarticulación de ETA, porque ya estaba desarticulada y derrotada prácticamente desde 2023; y, a continuación, con la elección de EH Bildu, encarnado en la figura de Otegi, como socio preferente de Sánchez.
El plan del PP no está exento de dificultades. No debe confundir a nadie la fraudulenta concesión de nacionalidad española y derecho al voto al amparo de la Ley de Memoria Democrática y la instrucción de 2022, firmada por Sofía Puente. Las facilidades a la nacionalización de extranjero eran fruto de un burdo intento de alterar el censo electoral. Con el exilio vasco en territorio nacional, el fundamento del regreso electoral de españoles al País Vasco y a Navarra es un acto de justicia histórica y actual (el rebrote de la violencia es evidente, prueba de ello el reciente apedreamiento al candidato del PP en Guipúzcoa), para desmantelar un beneficio criminal obtenido por la presión terrorista y para avisar que nunca más un exilio interior provocado por el terrorismo premiará electoralmente a quien lo defienda.
La ley que apruebe este retorno electoral habrá de establecer con garantías quiénes serán sus destinatarios, fijar el nivel de amenaza o riesgo habilitante para acogerse a él y determinar de qué manera podrá acreditarse. No faltarán archivos públicos fiables, como los del Ministerio del Interior, la Fiscalía y los tribunales de la Audiencia Nacional o las asociaciones de víctimas del terrorismo, además de las pruebas (amenazas, extorsiones) que las víctimas conserven en su poder.
Las dificultades objetivas de este iniciativa no deben ser disuasorias, sino todo lo contrario, un estímulo para reparar el inaceptable beneficio obtenido por ETA y sus cómplices.No es la primera vez que se plantea esta reforma, pero ahora es un compromiso electoral que el PP y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, deberán cumplir palabra por palabra.
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Texto íntegro de el editorial de ABC el 16 nov, 20:01. El Autómata lo recoge en su sección de Opinión sin cambiar una palabra; solo la tesis y el tema son nuestros, escritos por una inteligencia artificial. Leer en ABC.
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