El Gobierno intenta llegar al 29-N con un sistema que permita, in extremis, a los electores votar identificándose con el DNI en el móvil.
Para ello, ha encargado a Correos distribuir lectores de códigos QR en las 61.033 mesas electorales, a pesar de que la Junta Electoral Central (JEC) mantiene suspendido el uso de la App MiDNI hasta garantizar que "el control de la verificación de la identidad de los electores por estos sistemas es suficientemente seguro".
La Orden PJC/1129/2026 del Ministerio de la Presidencia cambia las reglas del juego en pleno proceso electoral. Se publicó en el BOE justo un mes antes de las generales, el 29 de octubre. En ella, se obliga a Correos a entregar "los dispositivos necesarios para que la Mesa [electoral] pueda garantizar el uso de la aplicación MiDNI".
El texto obliga al operador postal a entregar "los dispositivos necesarios para que la Mesa pueda garantizar el uso de la aplicación MiDNI", aunque la disposición no incluye el preceptivo acuerdo de la JEC que levante la suspensión.
La Junta deberá determinar si el sistema ofrece garantías, cuya ausencia llevó al organismo a suspender la autorización hasta asegurar el control de la identidad de los electores, según su Acuerdo 94/2026, de 26 de marzo.
La denuncia del PP
Fuentes de la JEC aseguran que, una vez publicada la orden en el BOE, se le ha transmitido al Ejecutivo que debe acreditar que en todas las mesas habrá dispositivos, y que cuentan con garantías suficientes sobre "la seguridad de la verificación", antes de tomar el acuerdo correspondiente.
Una denuncia presentada por el Partido Popular, fechada el 30 de octubre y a la que ha accedido EL ESPAÑOL, recuerda que la Junta no ha examinado los dispositivos ni autorizado de nuevo el sistema,cuyo uso ya fue prohibido "en las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo".
El documento advierte que "la aprobación de una orden ministerial que prevé la entrega de dispositivos de lectura no equivale al levantamiento de la suspensión". La formación de Alberto Núñez Feijóo insiste que corresponde a la Junta, y no al Gobierno, decidir si se cumplen las garantías exigidas.
"La entrega a las Mesas de esos dispositivos sin un pronunciamiento expreso de esta Junta", alega el PP, "puede inducir a error a sus miembros, que podrían entender que MiDNI es ya un medio válido de identificación".
Por eso pide confirmar expresamente la suspensión y recabar la información técnica antes de cualquier decisión que permita utilizarlo.
Se usó en tres autonómicas
La App MiDNI ya había sido admitido para identificar a los votantes en las autonómicas de Extremadura, Aragón y Castilla y León, en diciembre de 2025, y en febrero y marzo de este año. El criterio vigente no exigía el código QR y permitía mostrar la imagen del documento con fotografía de la aplicación oficial.
La Junta Electoral de Aragón había confirmado, el 24 de enero, que bastaba con abrir MiDNI delante de los miembros de la mesa. Y la misma JEC respaldó expresamente ese procedimiento el 5 de marzo, "sin necesidad de generar un código QR".
Sin embargo, tres semanas después, el 26 de marzo, la Junta cambió de criterio y suspendió las autorizaciones para utilizar MiDNI y MiDGT al depositar el voto, presencialmente o por correo. Lo hizo para "asegurar al máximo la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral".
El Gobierno alega que el reparto de lectores busca ahora cubrir la exigencia de control verificado mediante el QR generado por MiDNI. Pero el PP reclama que la Junta examine los dispositivos y el procedimiento antes de permitir de nuevo la identificación digital.
QR sin especificación técnica
El preámbulo de la orden del Ministerio de Presidencia del 29 de octubre, expresamente afirma que "es preciso dotar a las Mesas electorales de un dispositivo de lectura del código QR generado por la aplicación MiDNI con las garantías exigidas".
Y el articulado encarga a Correos la entrega y recogida y establece un sistema de trazabilidad. También prevé la coordinación, en su caso, con ayuntamientos, delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y el Ministerio del Interior.
En todo caso, la disposición ni identifica el modelo de lector ni desarrolla sus especificaciones técnicas de seguridad o un procedimiento de homologación.
Se limita a fijar, eso sí, una tarifa máxima de 28,0667 euros por la prestación de entrega y recogida del dispositivo.
El PP exige que Interior facilite la información técnica sobre los aparatos y el procedimiento de verificación. Además, reclama que las candidaturas puedan formular alegaciones antes de que la Junta decida sobre el levantamiento de la suspensión.
También pide comunicar un recordatorio de la vigencia de esa suspensión a las juntas provinciales y de zona y al propio Ministerio del Interior. El objetivo del PP es "que se recoja en las instrucciones y manuales dirigidos a los miembros de las Mesas" mientras la JEC no acuerde lo contrario.
Interior, en "exclusiva"
El escrito contiene, asimismo, otra denuncia, de la que ya informó este diario: la orden emitida a Correos de que entregue al Ministerio del Interior "en exclusiva" la información diaria sobre "la evolución de las solicitudes" de voto por correo, "la entrega de la documentación a los electores" y los envíos con destino a las Mesas, "con datos comparados de procesos anteriores".
El PP denuncia que ese flujo deja fuera a las candidaturas del resto de partidos políticos y coaliciones. Y advierte de que tampoco prevé su entrega a la propia JEC: "En todos los demás casos la información se facilita también a esta Junta", recuerda la denuncia.
La obligación figuraba ya en la Orden PJC/1461/2025, modificada la semana pasada para incluir la disposición sobre la App MiDNI, ya en plena precampaña. Y el párrafo sobre las solicitudes, la documentación y los envíos a las mesas sólo mencionaba a Interior como destinatario.
El PP reclama en su escrito que los informes lleguen también a la Junta y, a través de ella, a todas las candidaturas "con la misma periodicidad, formato y nivel de detalle".
La denuncia precisa que el denunciante "no cuestiona que el Ministerio del Interior, como responsable de la organización material de las elecciones, reciba esa información".
Pero fuentes populares insisten en que no se fían de "ninguna maniobra" del Gobierno y, por eso, reclaman que la Junta y los partidos dispongan de ella "al mismo tiempo y en las mismas condiciones".
La petición añade la exigencia de todos los datos ya facilitados desde la convocatoria electoral. Y "subsidiariamente", plantea que sea Interior quien remita los informes a la JEC en cuanto los reciba, para su traslado inmediato a los representantes de las candidaturas.
Los populares invocan la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de abril de 2025 sobre el acceso a resultados de las encuestas del CIS, recientemente sancionado también por la JEC, cuando se obligó al organismo dirigido por José Félix Tezanos a entregar los datos simultáneamente a los partidos. El PP aplica ese criterio de igualdad informativa al voto postal.
Vox también ha anunciado que acudirá a la Junta para reclamar la difusión inmediata de la información del voto por correo. Jorge Buxadé ha pedido que los datos estén disponibles para todos los partidos y para los ciudadanos. "La JEC debería ordenar la publicación de los datos en su web. Transparencia y objetividad", ha escrito en X.
El PP solicita tramitar su escrito "con carácter urgente" dado que el plazo para pedir el voto postal "está abierto y los informes se generan diariamente". Reclama así una respuesta durante el proceso electoral, tanto sobre el acceso a los datos como sobre las garantías para utilizar MiDNI.