Este artículo pertenece a la serie 'España, más allá de las trincheras' con la que Prensa Ibérica examina durante la campaña de las elecciones generales del 29N las principales preocupaciones del electorado y aborda las posibles soluciones a través de los expertos en cada materia y las propuestas de los partidos.
En España se forman muchos más hogares de las viviendas que se construyen. En 2025 surgieron 226.279, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), frente a las 93.650 casas terminadas que contabiliza el Ministerio de Vivienda. Por cada nueva vivienda se crearon más de dos hogares. No significa que todos se queden sin techo, pero ilustra el desequilibrio del mercado. El Banco de España estima que esta brecha o déficit de viviendas se sitúa en unas 755.000 unidades y que podría alcanzar el millón en 2028.
Este es el perfecto resumen de la crisis de vivienda que vive el país, caracterizado por una excesiva demanda frente a una escasa oferta. La presión se concentra en las grandes ciudades, donde convergen empleo, inmigración y demanda residencial. Y esto no va a cambiar en los próximos años, ya que se prevé que se crearán 3,7 millones de hogares entre 2024 y 2039.
A esto se suma que el sector arrastra las consecuencias del desplome posterior a la burbuja inmobiliaria, que destruyó tejido empresarial, empleo especializado e inversión. En 2025 se iniciaron apenas 137.330 viviendas, más que las terminadas, pero lejos del número de nuevos hogares que se crean. Además, la materia prima de estas viviendas, el suelo finalista y listo para edificar, es un bien escaso y su trasformación urbanística es lenta: en muchos casos cuesta décadas culminarla.
Josep Maria Raya, catedrático de Economía de TecnoCampus-Universitat Pompeu Fabra, atribuye el problema fundamental de la vivienda en España a "la falta de oferta". Señala que los precios de compra y alquiler han crecido más que los salarios, especialmente los de los jóvenes, y reclama eliminar trabas y duplicidades. Algunos desarrollos, advierte, pueden prolongarse hasta 15 años. También señala la oposición de algunos propietarios a nuevas promociones en sus barrios.
En este sentido, Xavier Vilajoana, presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España, pide modificar la ley del suelo para que los defectos subsanables de un plan de transformación urbanística no obliguen a reiniciar su tramitación. También reclama acortar los plazos para conceder licencias, que tardan entre 12 y 18 meses, frente a los dos o tres que considera exigibles. "En vivienda, el tiempo se convierte en un coste y es algo que no nos podemos permitir", advierte. Sin suelo disponible, seguridad jurídica y viabilidad económica, sostiene, será difícil aumentar la producción.
El precio de entrar en el mercado
Las consecuencias se aprecian en los precios. La compra de una casa se encareció un 12,2% interanual en el segundo trimestre de 2026, según el INE. Quien compra por primera vez necesita ahorrar para la entrada y los impuestos, además de asumir la hipoteca. En alquiler, las subidas son también altas, aunque no existen estadísticas oficiales. El último dato del portal inmobiliario Idealista apunta a una subida en los últimos doce meses del 5,6%. Pero desde las anteriores elecciones generales, celebradas en julio de 2023, los precios anunciados de las viviendas en venta se han disparado un 43,2%, mientras que los alquileres se han encarecido un 25,8%, según los datos de Idealista hasta octubre de 2026.
Entre los jóvenes, el 44,3% de quienes tenían entre 26 y 34 años vivía con sus padres en 2025. De ellos, el 47,3% señalaba que no podía permitirse comprar o alquilar, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. El problema trasciende la emancipación: el 7,6% de la población de 16 años o más buscó vivienda sin conseguir cambiar de residencia y, entre esas personas, el 67,2% señaló el precio como principal obstáculo.
Los que se quedan fuera
En otro orden de magnitudes, para los hogares más vulnerables, el problema ya no es solo cuántas casas se construyen, sino cuánto cuestan. "La principal dificultad es la falta de vivienda asequible", resume Gema Gallardo, directora general de Provivienda. Tener empleo ya no siempre garantiza estabilidad residencial: a los alquileres se añaden fianzas, avales y exigencias de ingresos, además de discriminaciones que dejan fuera a potenciales inquilinos.
El parque de alquiler social es reducido. Según Vivienda, España dispone de unas 318.000 viviendas públicas para este fin, apenas el 1,7% de los hogares. Si se cuentan también los alquileres por debajo del precio de mercado, la proporción asciende al 3,5%, lejos del 9% de media de la UE. Gallardo propone movilizar parte del parque existente. El censo de 2021 identificó 3,84 millones de viviendas vacías, aunque muchas no están donde se concentra la demanda o necesitan rehabilitación. Provivienda plantea vincular las ayudas a esas obras con el compromiso de alquilar a precios asequibles.
La situación se agrava cuando aparecen impagos y riesgo de desahucio. "Cuando existe vulnerabilidad y no hay alternativa habitacional, suspender el lanzamiento es una protección necesaria", sostiene Gallardo. Pero debe acompañarse de mediación, ayudas ágiles y una solución habitacional: "La falta de una alternativa no puede convertirse en una espera indefinida sin recursos ni acompañamiento". También reclama las garantías y compensaciones que correspondan a los propietarios.
Las soluciones
Las propuestas combinan alivio inmediato y reformas de largo recorrido. El catedrático Raya plantea facilitar el crédito a los jóvenes, revisar la fiscalidad para favorecer el primer acceso y la vivienda social y gravar la acumulación de inmuebles, además de adquirir carteras a fondos de inversión. Pero insiste en construir y aumentar los recursos públicos: "La solución no es regular, es darle la importancia presupuestaria que merece".
El debate sobre la regulación también ha llegado al Congreso. Este jueves, la Diputación Permanente convalidó uno de los dos decretos de vivienda del Gobierno, que amplía hasta 2030 la protección frente a los desahucios de hogares vulnerables y permite prorrogar dos años determinados contratos de alquiler, pero rechazó el segundo, que planteaba la renovación automática e indefinida de los arrendamientos.