La situación administrativa de una vivienda de protección oficial (VPO) propiedad de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha irrumpido en plena campaña electoral en Castilla-La Mancha y ha abierto un nuevo frente político entre PSOE y PP.
El cabeza de lista de los populares al Congreso por la provincia de Toledo, Carlos Velázquez, ha pedido explicaciones este lunes a la candidata socialista en el debate radiofónico organizado por la SER, después de conocerse que mantiene alquilado un piso protegido en la capital regional por el que obtiene ingresos.
La controversia tiene un punto fundamental, determinar si Tolón obtuvo la correspondiente autorización de la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha para arrendar una vivienda sometida al régimen de protección oficial.
Según la información publicada este lunes por Artículo14, la ministra adquirió el inmueble en enero de 1998 y su calificación como vivienda protegida se mantiene durante 30 años, hasta el 27 de noviembre de 2027. La publicación cifra en 7.542,60 euros los ingresos anuales que obtuvo por el alquiler en el ejercicio 2022, según su declaración de bienes.
Carlos Velázquez ha reclamado explicaciones a la ministra y ha advertido de la gravedad que tendría el caso si se confirmase que el arrendamiento se produjo sin cumplir las condiciones legales. "En caso de confirmarse esta noticia y de que no tenga ninguna explicación, las consecuencias evidentemente tienen que ser graves, porque nos ha llamado muchísimo la atención", ha afirmado el dirigente popular.
Velázquez ha insistido en que espera que Tolón pueda justificar la operación y ha puesto el acento en el carácter público de la vivienda. "Estamos hablando de lucrarse con una vivienda pública. Estamos hablando del principal problema que tienen los españoles en estos momentos", ha remarcado.
Por su parte, la ministra Tolón ha negado que exista ocultación o ánimo de hacer negocio y ha asegurado que tanto la adquisición del inmueble como los ingresos derivados de su arrendamiento han figurado en sus declaraciones patrimoniales y fiscales. "Ni negocio, ni ocultación, señor Velázquez. Estamos hablando de algo de hace casi 30 años", ha replicado.
Tolón ha explicado que compró la vivienda en 1998 y ha defendido que su alquiler se realizó "previa comunicación a la Administración competente y de acuerdo con los informes jurídicos que solicité en su momento".
En esta línea, la candidata socialista ha defendido que conforme a esos informes "pude proceder al alquiler de la vivienda. Por tanto, no manipule usted, porque aquí no hay ni ocultación, no hay ningún patrón y ha funcionado el arrendamiento. Y tengo el informe jurídico", ha asegurado, aunque sin mostrar el documento jurídico.
La ministra ha insistido así en que la operación no ha estado oculta y ha acusado al candidato popular de utilizar la polémica con fines electorales, no sin antes reprocharle su gestión urbanística durante sus etapas como alcalde de Seseña y en la actualidad de Toledo.
Documentación administrativa
Más allá del cruce de reproches entre ambos candidatos, la cuestión determinante sigue siendo si existe una resolución de la Consejería de Fomento que autorizase expresamente el arrendamiento de la vivienda y cuáles fueron las condiciones de esa autorización.
La comunicación a la Administración y la existencia de un informe jurídico encargado por la propia ministra son los argumentos esgrimidos por Tolón, pero no permiten por sí solos acreditar que se concediera la autorización administrativa que contempla la normativa autonómica.
Por ello, la controversia queda pendiente de una cuestión documental. Conocer si la Delegación Provincial de Fomento de Toledo tramitó y resolvió favorablemente la solicitud de alquiler, en qué fecha lo hizo y qué régimen aplicó al inmueble.
La respuesta permitiría determinar si el arrendamiento se ajustó a las condiciones establecidas para las viviendas protegidas o si, por el contrario, pudo producirse sin cumplir los requisitos administrativos exigibles.
La normativa de Castilla-La Mancha establece, con carácter general, que las viviendas protegidas deben destinarse a residencia habitual y permanente. No obstante, contempla excepciones que permiten a sus propietarios arrendarlas durante un periodo limitado de tres años cuando concurran determinadas circunstancias justificadas.