El Gobierno ha aprobado este martes una reforma que reconoce el derecho de los maquinistas a detener un tren o negarse a iniciar su marcha cuando detectan un peligro grave e inminente. Un real decreto ley que se pone en marcha en plena huelga ferroviaria y apenas dos semanas después del accidente de Urda (Toledo).
La medida también les protege frente a posibles represalias laborales por tomar esta decisión. Así consta en el real decreto-ley al que ha tenido acceso ElConfidencial y que ha llegado este martes al Consejo de Ministros. El texto del Ministerio de Transportes, ahora liderado por Carlos Cuerpo, introduce nuevas garantías para denunciar fallos, amplía las inspecciones y endurece las reglas para calcular los tiempos de conducción.
La decisión llega en un momento especialmente delicado para el ferrocarril español. El accidente de Urda, ocurrido el 28 de octubre en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, dejó 69 fallecidos y volvió a poner el foco en los sistemas de señalización y los protocolos que se aplican cuando se produce una incidencia técnica. Ahora, el Ejecutivo refuerza la protección legal de los profesionales que consideren necesario detener un tren para evitar un peligro.
La nueva norma establece que el personal con responsabilidades sobre la seguridad podrá adoptar las medidas necesarias y proporcionadas ante una situación de riesgo grave e inminente. Entre ellas figura la posibilidad de interrumpir un trayecto o impedir la salida de un convoy. El empleado deberá comunicar su decisión de inmediato a los responsables correspondientes y estará protegido frente a represalias siempre que actúe dentro de los límites legales.
Esto no significa que hasta ahora los maquinistas estuvieran obligados a circular en condiciones inseguras. Ya existían procedimientos para actuar ante incidencias. La novedad es que el decreto regula de forma expresa la protección de quienes alerten de un peligro o tomen medidas para evitarlo. Esta garantía, sin embargo, no será absoluta. Quedan excluidas las actuaciones intencionadamente ilícitas, de mala fe o que supongan una negligencia grave.
Huelga ferroviaria
La aprobación coincide con la huelga de 24 horas convocada este martes por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) en Renfe. Los profesionales reclaman que se cumplan los compromisos alcanzados en febrero con Transportes, Adif y Renfe, después de los accidentes de Adamuz y Gelida. Entre ellos figuraban la implantación de una "cultura justa de seguridad" y la revisión de los tiempos máximos de conducción para reducir la fatiga y las distracciones.
El accidente de Urda ha añadido nuevas exigencias. Semaf reclama revisar los protocolos que se aplican cuando falla el sistema de protección LZB, especialmente las condiciones para reanudar la marcha después de una incidencia. La investigación del siniestro analiza las circunstancias de la colisión y cómo se gestionó el tráfico ferroviario antes del choque. El decreto refuerza las garantías de los profesionales que adviertan de un peligro, pero no sustituye la revisión técnica de los sistemas de señalización.
El conflicto continúa pese a los contactos entre los sindicatos y el Ministerio. El sindicato de maquinistas, Semaf, mantuvo la huelga después de reunirse con el nuevo responsable de Transportes, Carlos Cuerpo. La organización reclama que la seguridad prevalezca sobre los intereses comerciales y operativos de las compañías. El Gobierno recoge ahora parte de las reivindicaciones anteriores, aunque todavía está por ver si serán suficientes para poner fin a las movilizaciones.
Denunciar fallos sin miedo
Uno de los principales cambios es la incorporación a la Ley del Sector Ferroviario de la denominada "cultura justa". Este principio busca que los empleados puedan comunicar errores, incidencias y situaciones peligrosas sin miedo a sufrir consecuencias disciplinarias por informar de buena fe.
La norma prevé canales internos y sistemas públicos de comunicación que garanticen la confidencialidad de quienes den la voz de alarma. También contempla que no se impongan sanciones por determinadas infracciones cuando el empleado las haya comunicado previamente, haya puesto fin a la conducta y colabore plenamente con la investigación.
Tiempos de conducción
El Gobierno también cambia la forma de calcular cuánto tiempo pasan los maquinistas conduciendo. La medida afecta a la organización de los turnos y busca tener en cuenta actividades que pueden influir en el cansancio de los profesionales.
A partir de ahora, se contabilizarán las maniobras que impliquen mover un vehículo ferroviario y las paradas durante las cuales el conductor siga siendo responsable del convoy.
El cambio puede obligar a las compañías a reorganizar turnos y servicios. Su impacto dependerá de cómo contabilice actualmente cada operador estas pausas y de la distribución de sus plantillas.
Jubilaciones anticipadas
El decreto amplía además las facultades de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF). Las compañías deberán permitir que sus inspectores accedan a instalaciones, trenes y equipos cuando sea necesario para realizar controles, incluso si pertenecen a una empresa distinta de la que está siendo supervisada.
El paquete incluye también mejoras en la jubilación anticipada. El Ejecutivo extenderá los coeficientes que permiten adelantar la edad de retiro a determinadas categorías de empleados de compañías que operan en la red ferroviaria estatal o en líneas conectadas con otros sistemas ferroviarios. El objetivo es que quienes desempeñan las mismas funciones tengan un tratamiento similar, independientemente de la empresa para la que trabajen.
El Consejo de Ministros también aprueba este martes la creación del Defensor de las Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo, una nueva figura que atenderá a los afectados y sus familias más allá de los primeros días de la tragedia. Tendrá rango de subsecretario y podrá reclamar información a las administraciones y supervisar la atención que reciben las víctimas.
Su ámbito de actuación incluirá accidentes de tren, avión, autobús y transporte marítimo de competencia estatal. El defensor será nombrado por el Gobierno, a propuesta de Transportes, y deberá presentar en un plazo de tres meses desde su nombramiento una propuesta para mejorar la protección de los afectados, con la participación de las asociaciones de víctimas.
Otras medidas
Por otra parte, además se ha aprobado en el Consejo de Ministros un real decreto-ley para ampliar la protección de las familias monomarentales, las numerosas con pocos recursos y las de personas con discapacidad, que estima beneficiará a más de 760.000 hogares, a cerca de 3 millones de personas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que la medida, dotada con una partida de 820 millones de euros al año e impulsada por el ministerio de Pablo Bustinduy, "es un paso de justicia para quienes cada día lo dan todo por sus hijos e hijas".