Pedro Sánchez plantea competencia a los partidos que se sitúan a su izquierda con varias medidas contenidas en su programa electoral que anticipan una mayor intervención del Estado, especialmente en vivienda, pero también en el mercado laboral, y con nuevos impuestos en los sectores tecnológico, financiero y de los viajes de lujo. El jefe del Gobierno también elevará la fiscalidad tanto a las grandes fortunas como a las rentas altas del capital, y promete mejorar la redistribución de la riqueza gracias a ello con más ayudas sociales.
El programa electoral del PSOE en 2023 ya defendía la progresividad fiscal y la regulación de la vivienda, pero el de 2026 va un paso más allá al incluir nuevas subidas de impuestos, mayores restricciones en el mercado inmobiliario y ampliar las promesas de intervención estatal y protección laboral. No obstante, Sánchez combina todo ello con una defensa de la economía de mercado, la competitividad y la reducción del déficit y la deuda pública.
El PSOE plantea avanzar hacia la jornada de 35 h, reformar el despido improcedente y aumentar la participación de los trabajadores en la gestión empresarial
El PSOE es consciente de que necesita comerse a su izquierda para que su resultado no se hunda, pero observa con pavor cómo la precampaña no le está permitiendo recuperar al votante más moderado, necesario para ganar en votos al PP. En este marco, Sánchez ha dejado fuera de su programa la prórroga indefinida de los contratos de alquiler de vivienda.
El programa del PSOE, sin embargo, solo incluye "ampliar la duración de los contratos", sin especificar plazo. El objetivo que se declara es reforzar "la estabilidad residencial de las personas inquilinas". No obstante, la vivienda es donde Sánchez anticipa con más fuerza la intervención del Estado. "Regularemos e intervendremos el mercado para que la vivienda no sea utilizada como un activo para invertir y hacer negocio", promete el programa, dentro del epígrafe "freno a la especulación y regulación".
Sánchez regulará los alquileres por la vía de "congelar temporalmente las rentas que superen los índices de referencia", limitará la compra especulativa en determinadas zonas e implantará un impuesto "contra la especulación" de los fondos buitre y los grandes propietarios. Habrá impuestos sobre los solares residenciales ociosos y las viviendas de grandes tenedores no destinadas al uso residencial.
Cerco fiscal a los ricos
El programa socialista para el 29-N también advierte de que "cuando se desregulan los mercados, ganan quienes concentran más poder económico", defiende la "prosperidad compartida" y establece un marco discursivo crítico con el poder económico, los privilegios y los tecnooligarcas, a los que acusa de respaldar a la derecha radical. "En muchas de las principales potencias ya gobierna una ultraderecha (...) contando para ello con el respaldo de las élites económicas y los tecnooligarcas", denuncia el PSOE.
Desde aquí establece un cerco fiscal a los ricos. Sánchez plantea "más impuestos a los ultrarricos", así como "incrementar la tributación de las rentas de capital más elevadas" con un tipo máximo del 35% para las superiores a 300.000 euros. La tributación de las empresas cotizadas crecerá si la remuneración total de su principal ejecutivo supera 100 veces la mediana salarial de la plantilla.
Cuenta con 1.000 euros para recién nacidos
Los nuevos fondos servirán, según el PSOE, para redistribuir riqueza y sufragar, por ejemplo, la prestación por crianza para todos los hogares con menores de edad. Según calcula el partido de Pedro Sánchez, esta medida beneficiará a ocho millones de niños y adolescentes. Otra nueva promesa es que cada recién nacido tendrá una cuenta pública con 1.000 euros que irá creciendo cada año si el hogar es de renta baja. El dinero estará bloqueado hasta la mayoría de edad y deberá dedicarse a estudios o proyectos propios.
El sector público empresarial también será objetivo del líder socialista. Lo "reforzaremos", promete el programa, junto al compromiso de mantener la participación del Estado en sectores estratégicos y movilizar 120.000 millones de euros mediante el Fondo España Crece. Sánchez también anticipa que integrará "las mutuas colaboradoras en la gestión pública de la Seguridad Social".
Nueva ley de negociación colectiva
Al mismo tiempo, el PSOE avanza que reforzará la participación de los trabajadores en la gestión empresarial y que impulsará mecanismos para compartir los beneficios empresariales y las ganancias de productividad con las plantillas. Si hay nuevo Ejecutivo socialista, se aprobaría una nueva ley de negociación colectiva y el salario mínimo interprofesional (SMI) quedaría blindado por encima del 60% del salario medio.
Más allá de los derechos sociales, Sánchez promete medidas para ampliar la participación ciudadana en las decisiones políticas. La primera es rebajar la edad de voto a los 16 años y la segunda, crear un escaño ciudadano. Sin embargo, una vía por la que la población puede hoy acercarse a la gestión gubernamental, la Ley de Transparencia, acumula elevados incumplimientos por parte del Gobierno. Según los datos del Consejo de Transparencia a 30 de septiembre de 2026, el 18,2% de sus resoluciones de ámbito estatal no se han cumplido este año.