El Gobierno prepara su última ofensiva en vivienda antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El Ejecutivo espera aprobar en uno de los próximos Consejos de Ministros la licitación de un 'megacontrato' para la gestión social de las viviendas de Casa 47, la entidad estatal dependiente del Ministerio de Vivienda. En paralelo, trabaja a la carrera para sacar adelante los pliegos de una concesión para construir unas 2.500 viviendas de la mano de inversores privados, un proyecto que la ministra Isabel Rodríguez prometió licitar antes de abril y que acumula más de siete meses de retraso.
A estos dos movimientos se suma la incorporación de nuevas viviendas procedentes de la Sareb al portal público de alquiler asequible. Vivienda anunció este viernes una convocatoria de 442 pisos, adelantada minutos antes en primicia por EL PERIÓDICO, y promete sacar al mercado otro millar antes de finalizar el año. De esta forma, el Ejecutivo pretende dar un nuevo impulso a su política residencial en plena antesala electoral.
Sofocada la crisis ferroviaria causada por el accidente de Urda, en el que fallecieron 69 personas, el Gobierno se prepara para retomar su ofensiva en vivienda, en un contexto marcado por la huelga general del próximo 11 de noviembre y la votación de los decretos de vivienda, conocidos como 'Maricarmen', prevista para el día 12. El Ejecutivo trabaja en tres ejes y pretende aprovechar los ya acuñados como "martes sociales" del Consejo de Ministros.
En primer lugar, está prevista la licitación de un nuevo contrato para la gestión social de las viviendas de Casa 47, que requiere la autorización del Consejo Rector de la empresa pública y posteriormente del Consejo de Ministros. La entidad trabaja para completar estos trámites en los próximos días. El nuevo concurso llega después de que en junio Casa 47 adjudicase otro contrato similar, valorado en 56 millones de euros, a dos grupos de empresas para gestionar su parque residencial. Sin embargo, aquel procedimiento dejó fuera parte del acompañamiento específico a los inquilinos vulnerables, que ahora se pretende incorporar mediante un nuevo contrato.
Se trata de prestaciones vinculadas a la vivienda social que van más allá de ofrecer alquileres baratos, como la inserción laboral o el seguimiento de las familias. Quedarán bajo este paraguas las 10.000 casas en alquiler que aún gestiona Sareb y en las que cuenta también con un socio privado para llevar a cabo este acompañamiento, cuyo traspaso a Casa 47 esta previsto a lo largo de 2027.
El concurso que Rodríguez prometió para marzo
El segundo gran frente es el proyecto de colaboración público-privada para construir viviendas sobre suelos estatales. El 30 de enero, Isabel Rodríguez anunció ante la Comisión de Vivienda del Congreso que Casa 47 licitaría durante el primer trimestre la construcción de 2.800 viviendas de alquiler asequible. La ministra fijó así un compromiso concreto que debía haberse cumplido antes del 31 de marzo.
El plazo transcurrió sin que se publicasen los pliegos de estas concesiones. De hecho, en proposición no de ley, el propio Grupo Socialista en el Congreso todavía describía el concurso como un procedimiento en preparación, destinado a levantar más de 2.800 viviendas sobre diferentes suelos públicos, muchos de ellos procedentes de Sareb.
Desde entonces, el Ejecutivo ha tenido que introducir sucesivos cambios normativos para hacer viable la operación. En marzo reformó la ley de Contratos del Sector Público para ampliar hasta 80 años la duración máxima de determinadas concesiones de vivienda asequible. Posteriormente, el 28 de julio, el Consejo de Ministros acordó tramitar por urgencia un nuevo decreto para regular las subvenciones públicas que recibirían los promotores privados.
La aprobación de estas ayudas no llegó hasta el pasado 27 de octubre, cuando el Gobierno dio luz verde a una partida de 201,7 millones de euros para financiar 29 actuaciones con capacidad para construir unas 2.425 viviendas. La cifra supone 375 inmuebles menos que los anunciados por Rodríguez a comienzos de año. El propio decreto reconoce que la aprobación del marco de ayudas era necesaria para poder configurar las licitaciones y que cualquier demora adicional habría retrasado también las adjudicaciones, el comienzo de las obras y la posterior disponibilidad de los pisos. Más de nueve meses después del anuncio de Rodríguez, los pliegos de las concesiones continúan pendientes de publicación.
El retraso se cobra un cese en Casa 47
Los retrasos acumulados también han tenido consecuencias dentro de la empresa pública. Según fuentes conocedoras, la presidencia de Casa 47 ha cesado a María Encina Álvarez Parra, directora general de Promoción y Colaboración, que se incorporó a la entidad hace aproximadamente un año con el desarrollo de los procedimientos de colaboración público-privada entre sus principales cometidos.
Las mismas fuentes vinculan su salida a la falta de avances en la preparación de los concursos y explican que sus responsabilidades han sido redistribuidas entre otras direcciones generales. El relevo se produce precisamente cuando la entidad trata de acelerar la tramitación de estas concesiones para cumplir, al menos parcialmente, uno de los principales compromisos anunciados por el Ministerio a comienzos de año.