Si hay un asunto que haya enfrentado a los socios de Gobierno esta legislatura, es la vivienda. Frente Amplio tiene por delante la ardua tarea de intentar retener el voto útil que amenaza con escaparse al PSOE el 29-N y para ello lleva semanas volcado en marcar perfil propio, desgranando medidas específicas, muchas económicas, para garantizar el acceso de las familias a una casa y redistribuir la riqueza, los dos ejes de su campaña. La coalición que lidera Ada Colau, activista que entró en política con la bandera de la lucha contra los desahucios, ha presentado el grueso de su propuesta electoral este lunes en Madrid. Un programa marcado por la medida anunciada horas antes para limitar la herencia recibida a 10 millones de euros, pero en el que también se plantea la creación de un fondo generacional de la energía que sirva para pagar pisos y pensiones, la gratuidad de los comedores escolares en infantil y primaria o la aprobación de la prestación universal por crianza con una cuantía de 200 euros al mes por hijo a cargo menor de 18 años. Esta última, una reivindicación que ya formaba parte del programa de Sumar y ha sostenido Derechos Sociales toda la legislatura, frente a la negativa del PSOE.
El portavoz de campaña de la coalición, Pablo Bustinduy, ha retado durante el acto a Pedro Sánchez a que apruebe antes de las elecciones esta medida, después de que el presidente del Gobierno la lanzara como propia en un mitin. “La izquierda tiene una doble responsabilidad cuando elabora su programa electoral. Porque hacemos nuestra propuesta y la del PSOE la siguiente legislatura”, ha ironizado. “La conclusión es evidente: no hay por qué esperar. Nada es más urgente que adoptar una prestación universal por crianza. Nos quedan tres Consejos de Ministros antes de las elecciones y ya no hay obstáculos, lo celebramos”, ha afirmado sobre el giro del PSOE tras negarse a apoyarla estos años.
En el mismo tono, ha irrumpido en campaña también este lunes la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Tan solo unas horas después de anunciar la retirada de su candidatura a la dirección general de la OIT, Díaz, que había medido mucho sus críticas en los últimos meses, ha cargado contra el socio por incluir el refuerzo del control horario en su programa electoral, una “incoherencia”, en su opinión, porque han “boicoteado” su aprobación en el seno del Ejecutivo. Díaz se ha estrenado por la tarde en campaña asistiendo como espectadora a una charla sobre vivienda en la capital con Colau.
El programa de FA para el 29-N contiene en torno a un millar de puntos. Bustinduy se ha referido a la limitación de la herencia de los ultrarricos. “Nadie va a heredar nada más de lo que pueda gastarse en una vida”, ha anunciado. “Bastante ventaja es ya nacer rico. Quiero interpelar a la derecha, que ha hecho siempre de la meritocracia eje de su discurso”. La propuesta de la coalición aboga por topar a un máximo de 10 millones de euros por heredero. Esta limitación se implementará estableciendo un tipo impositivo marginal del 100% sobre el tramo de la base imponible que supere esa cifra en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En el importe total se tendrán en cuenta las donaciones recibidas en vida y no se permitirán las bonificaciones autonómicas. Además, la iniciativa contempla, entre otros, un nuevo tramo adicional para herencias entre 5 y 10 millones con tipos marginales altos (75%), así como la reducción de los tipos existentes para los tramos inferiores a 120.000 euros. “Se trata de una medida orientada a restringir el poder económico y político de los grandes patrimonios de nuestro país. La recaudación adicional estimada bastaría para doblar el gasto actual en políticas sociales de vivienda, contribuyendo así a frenar la transmisión intergeneracional de la pobreza y a promover una mayor igualdad de oportunidades”, justifican fuentes de la formación, que añaden que, en España, hay 33 personas con más de 1.000 millones, 400 personas con patrimonios de más de 100 millones de euros y 100 personas atesoran más de 250.000 millones en patrimonio. “Esto refleja un grado extremo de concentración del poder económico y político, que alimenta un círculo vicioso de desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza”, consideran.
Regulación del mercado inmobiliario
El límite a las herencias de los ultrarricos es una medida complementaria a otras, como el impuesto a los grandes patrimonios, la expropiación de fondos buitre o el gravamen a los grandes propietarios a partir de la cuarta vivienda para personas físicas y de la primera para personas jurídicas.
La misma Colau ha condicionado por la tarde la entrada de Frente Amplio en un gobierno con los socialistas a que el primer decreto que apruebe el Consejo de Ministros “estabilice los contratos de alquiler”, es decir, los haga indefinidos, y baje los precios. “Es fundamental que el PSOE entienda que para enfrentarse a la extrema derecha hay que ser valiente y enfrentarse a los fondos buitre”, ha advertido.
Al igual que el PSOE, la formación de izquierdas articula su propuesta de vivienda sobre un gasto objetivo del 1% del PIB y la potenciación del uso de Casa 47 como el brazo promotor y constructor del Estado. Pero a partir de ahí, los de Colau son más ambiciosos en las propuestas, como la construcción de un parque público de 1,5 millones de viviendas en apenas 12 años y límites a los alquileres sociales que no pueden superar en ningún caso los 600 euros por pisos de hasta 80 metros cuadrados.
Otro de sus puntos fuertes es una ley de expropiación de viviendas a propietarios corporativos privados. Con esta norma pretenden quedarse para el Estado en un primer momento con los inmuebles de aquellas entidades que tengan carteras de más de 1.000 viviendas, y citan a Blackstone o CaixaBank. Progresivamente, se harán con los inmuebles de las empresas que tengan más de 700 viviendas y, en tercera fase, a empresas propietarias de más de 50 inmuebles.
Para frenar la especulación, propone que las personas jurídicas no puedan comprar inmuebles. Los datos dicen que alrededor de un 4% de las viviendas de España son propiedad de una empresa (la gran mayoría son pequeños propietarios). Los contratos de arrendamiento pasarán a ser indefinidos por defecto, frente a los cinco años con prórrogas que rigen en la actualidad. Se extinguirán en tres años las licencias de uso turístico y las normativas, en su mayoría locales, que califican el suelo tendrán que reservar un 90% a vivienda habitual, que podría ser del 100% en caso de zonas tensionadas.
En este sentido, se introducirá también una modificación en la Ley del Suelo para reservar para vivienda protegida al menos el 40% de la edificabilidad residencial, con la obligación para el promotor de que el alquiler asequible esté limitado al 25% del ingreso medio de los hogares de la zona censal. Se prohibirá de forma permanente ejecutar desahucios a personas o familias vulnerables sin que las administraciones les hayan proporcionado una alternativa habitacional digna y estable.
Por último, se creará un impuesto del 10% sobre el valor de los pisos. El gravamen afectará a las empresas desde su primer inmueble y a los particulares a partir del cuarto (cuando el valor supere los 800.000 euros), quedando exentos los alquileres asequibles.
En materia laboral, el grupo promete reducir la jornada a 37 horas y media este mismo año y sube la apuesta planteando llegar a las 32, sin un horizonte concreto para esa contracción. El recorte a 37,5 fue rechazado el año pasado por PP, Vox y Junts, fracaso que Trabajo prometió compensar con un refuerzo del registro horario que de momento no ha fructificado. Frente Amplio promete que acometerá ese impulso del control horario. Otra promesa acordada con los sindicatos que de momento no ha llegado al Boletín Oficial del Estado y que entra en el programa del Frente Amplio es la ampliación de los permisos por fallecimiento a diez días. Sobre salario mínimo, el programa promete blindar que el suelo retributivo equivalga al 60% del salario medio neto, promesa que ya trasladaron en 2023 y que no se tradujo en un cambio en el Estatuto de los Trabajadores, informa Emilio Sánchez Hidalgo. “Revalorizaremos las pensiones públicas por mandato constitucional”, agrega el Frente Amplio, que promete ampliar el permiso por nacimiento una semana más, hasta las 20 semanas.
Además, la formación quiere “garantizar” que ninguna pensión, contributiva o no contributiva, sea inferior al salario mínimo interprofesional y recuperar la jubilación a los 65 años.
Sobre los cuerpos y fuerzas de seguridad, FA se compromete a crear un órgano de control externo e independiente a los propios cuerpos “similar a modelos en otros países europeos”, dice, encargado de investigar denuncias por violencia desproporcionada, malos tratos o abuso de autoridad. “Prohibiremos las pelotas de goma y otros materiales antidisturbios muy lesivos, regularemos el uso de la fuerza y de las cámaras corporales, garantizaremos la identificación visible de los agentes y prohibiremos los controles de identidad por perfil racial”, añade.
En el ámbito social, la candidatura de izquierdas aboga por duplicar la inversión en ciencia; revertir la privatización sanitaria y ampliar el catálogo de servicios con gafas, audífonos y dentistas públicos, además de un protocolo de atención integral en la menopausia; impulsar el derecho al respiro de las personas cuidadoras y suspender automáticamente las visitas para padres investigados por violencia machista, entre otras medidas.