Infraestructuras, pensiones, vivienda, salarios... Estos han sido los temas que han entrado en el menú del primer debate a cuatro a escala nacional de la campaña electoral, que ha arrancado oficialmente este viernes. El ministro de Economía y vicepresidente Carlos Cuerpo (PSOE), el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, el portavoz de la campaña de Frente Amplio y ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y el portavoz económico de Vox, José María Figaredo, se han visto las caras en La Sexta, en un encuentro moderado por Ana Pastor sin grandes salidas de tono y pocas nuevas propuestas: Cuerpo y Bustinduy han cerrado filas ante las críticas de Bravo a la gestión del Gobierno y los constantes intentos de Figaredo de poner la inmigración en el centro del debate.
El primer bloque se ha centrado en las infraestructuras, al hilo del trágico accidente ferroviario de Urda del pasado 28 de octubre. Todos los portavoces han coincidido en la necesidad de invertir más en la red, pero con tonos y argumentos distintos. Cuerpo y Bustinduy han rendido cuentas de la gestión del Gobierno. El vicepresidente, que ha asumido también la cartera de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente, ha recordado que el Ejecutivo ha asumido su responsabilidad y ha anunciado que el próximo lunes se creará una comisión técnica de expertos que redactará un libro blanco con recomendaciones. En la misma línea, Bustinduy ha reconocido que hay que invertir más en la infraestructura y ha propuesto desviar al ferrocarril los 13.000 millones previstos para inversiones aeroportuarias.
Bravo ha aprovechado para dar la primera estocada al Gobierno, señalando que los accidentes ferroviarios de este año de Adamuz, Gélida y Urda son un ejemplo claro de “falta de gestión”. “El AVE que era un símbolo de la marca España ya no es una referencia, más bien todo lo contrario”, ha dicho antes de afear al Gobierno la falta de Presupuestos, prometer una auditoría y una inversión de más de 300.000 millones en 15 años para el conjunto de las infraestructuras, como recoge su programa. Figaredo, tras una breve mención a la “caída de la inversión”, ha achacado los males del ferrocarril a la corrupción. “Reemplazar a los técnicos por los amigotes del partido tiene consecuencias”, ha lanzado. Sin embargo, no ha aclarado cuánto elevaría los recursos dedicados a la infraestructura —“la medida concreta es que hay que invertir de forma directa lo que haga falta”— y, al igual que en los bloques sucesivos, ha desviado la conversación hacia la inmigración.
“Lo primero que hay que hacer es atacar el exceso de demanda fruto de esa inmigración masiva que el Gobierno está promoviendo”, ha lanzado el político de Vox al arrancar el segundo bloque, dedicado a la vivienda, en una actitud que ha generado incomodidad entre el resto de asistentes. “La primera medida que aplicaremos, más allá de la construcción de viviendas, es la remigración”, ha agregado. Bustinduy le ha echado en cara que para la formación ultra el problema son los extranjeros, salvo cuando se trata de fondos buitres. El portavoz de Frente Amplio ha sacado pecho del decreto de vivienda aprobado esta semana —especificando que la negociación con el PSOE ha sido dura— y ha puesto sobre la mesa la propuesta de un impuesto a la acumulación inmobiliaria a partir de la cuarta vivienda para desincentivar la especulación. “Y por supuesto hay que construir, vivienda pública. No gastarse 7 millones de euros en el ático de [Isabel Díaz] Ayuso”, ha zanjado.
Bravo ha prometido que, de gobernar el PP, se construirá un millón de viviendas en la primera legislatura con una reforma de la ley del suelo, rebajas fiscales y medidas antiokupación. “Construir, facilitar y proteger”, ha resumido, antes de subrayar que los precios de compra y alquiler se han disparado en estos años de Gobierno de Pedro Sánchez y recordar que su formación ha presentado una ley del suelo en el Congreso con deducciones para inquilinos y propietarios que el Ejecutivo ha bloqueado. Cuerpo le ha contestado que el decreto aprobado esta semana también favorece tanto a inquilinos como a pequeños propietarios, que no pagarán IRPF si bajan el precio de los alquileres, y ha reprochado al PP que haya anunciado que pretende derogar la medida si gana las elecciones.
El bloque de pensiones auguraba un debate más subido de tono, que se ha materializado en acusaciones cruzadas: la derecha ha señalado que la sostenibilidad del sistema peligra por culpa del Gobierno y PSOE y Frente Amplio ha reprochado que la derecha no se compromete a revalorizar las pensiones con el IPC como prevé la reforma de pensiones de 2021. Figaredo ha vuelto a señalar a los inmigrantes como principal problema, y se ha resistido a aclarar si Vox garantizará la actualización de las prestaciones con la inflación —él mismo propuso privatizar el sistema, para después matizar sus declaraciones—.
Bravo y Cuerpo, en cambio, se han enzarzado después de que el vicesecretario del PP insinuara que el actual Ejecutivo podría incrementar las cotizaciones y a la vez bajar las pensiones, a lo que el vicepresidente ha rebatido que la ley garantiza tanto la sostenibilidad como la revalorización de las prestaciones. “¿Cómo van a garantizar la actualización de las pensiones?“, ha preguntado Cuerpo a Bravo. Este último ha asegurado que habrá revalorización, como recoge el programa del PP. “Las pensiones están garantizadas porque es un pacto social. Y vamos a defender que no hay ninguna pensión por debajo del SMI”, ha añadido Bustinduy.
También en materia salarial ha habido poca concreción. Bravo ha denunciado la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos tanto por la inflación como por la imposición fiscal —ha culpado al Gobierno de “más de 100 subidas de impuestos—, y ha repetido el mantra del PP de que la clave está en subir el salario medio, prometiendo que en dos legislaturas pasará de los 30.000 euros a los 50.000 gracias a la mayor productividad y competitividad. El ministro de Derechos Sociales, por su parte, ha defendido los aumentos del salario mínimo impulsados por su formación, mientras que Figaredo no ha aclarado si su formación seguirá subiendo el SMI y ha acusado al Ejecutivo de haber provocado una caída salarial y “acabado con la industria”, también en este caso a causa de una política que fomenta la inmigración masiva. Cuerpo ha replicado que las rentas han subido un 8% y que España está viviendo un récord de recaudación gracias a la mejora del empleo y los salarios.
“No es casualidad, porque hemos subido el SMI y además estamos creando empleo en las ramas de mayores salarios. Así es como sube el salario medio”, ha indicado Cuerpo, recordando que 4 de cada 10 euros ingresados acaban en las comunidades autónomas. Bustinduy ha hecho un alegato en favor de una mayor redistribución, defendiendo gravar más a los ricos para “financiar los servicios públicos de todos”. “Es hora de que paguen lo que corresponda”. El portavoz de Vox ha defendido bajar los impuestos a los tramos más bajos, una medida que han aplicado en algunos de los territorios donde gobiernan, aunque ha reconocido que han encontrado en ocasiones la resistencia del PP. Bravo ha recogido el guante, asegurando que el PP también es “de bajar impuestos”.