La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que dé por concluida la instrucción de una rama del caso Koldo y abra la fase de preparación del juicio oral contra 13 personas y la empresa Soluciones de Gestión. Entre los investigados que propone llevar a juicio figuran el exasesor ministerial Koldo García, el empresario Víctor de Aldama, la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y Jéssica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos. La petición no cierra la investigación por sí misma: el juez debe resolverla.
La causa aborda contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por Adif, Puertos del Estado y los gobiernos de Canarias y Baleares a Soluciones de Gestión, además de compras de pruebas PCR a Eurofins Megalab en ambas comunidades. También incluye las contrataciones de Rodríguez en Ineco y Tragsatec, empresas públicas vinculadas a Adif. Son hechos que no fueron juzgados en la causa tramitada por el Tribunal Supremo, según la información sobre el procedimiento.
Anticorrupción atribuye a Pardo de Vera tráfico de influencias por su intervención en la contratación de Rodríguez en Ineco. Tras finalizar ese contrato, la Fiscalía sostiene que la expresidenta de Adif y el entonces director de Gestión Administrativa de la empresa, Ignacio Zaldívar, participaron en las gestiones para contratarla en Tragsatec. El fiscal afirma que Rodríguez no realizó trabajo alguno y pide juzgarla por malversación; ella reconoció que no prestó servicios. También solicita que Zaldívar responda por presunto tráfico de influencias.
A Koldo García, la Fiscalía le atribuye gestiones para favorecer adjudicaciones a Soluciones de Gestión y Eurofins Megalab, así como blanqueo de capitales. Anticorrupción sostiene que De Aldama le pagaba 10.000 euros mensuales para mantener su acceso al Ministerio de Transportes. También propone juzgar por blanqueo a Joseba García, hermano del exasesor, y a Patricia Uriz, expareja de este, por su presunta intervención en operaciones para ocultar fondos. De Aldama afrontaría además una acusación de cohecho por los pagos al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, a quien se atribuye facilitar teléfonos seguros y consultas en bases policiales.
La petición incluye presuntos delitos fiscales para De Aldama y para los directivos de Soluciones de Gestión Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche. La Agencia Tributaria calculó que el empresario defraudó 2,4 millones de euros en el impuesto sobre la renta. En cambio, Anticorrupción solicita archivar la causa para varios investigados, entre ellos el exsubsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez y el exsecretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares. Las acusaciones populares encabezadas por el PP han pedido incluir en el procedimiento al expresidente de Renfe Isaías Taboas y al exdirector de Logirail Óscar Gómez.
En una investigación relacionada, la UCO analiza si el dinero empleado por Andrea de la Torre, pareja de Ábalos, para comprar un local y una plaza de garaje en el Ensanche de Vallecas pudo proceder de presuntas mordidas de la trama. La operación se realizó en 2024 por 125.000 euros, según fuentes cercanas a la investigación citadas por El País. La Guardia Civil registró el jueves la vivienda de Ábalos en Valencia, donde residía De la Torre, y la detuvo. Quedó en libertad tras negarse a declarar, a la espera de que la cite el juez.
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