Alferro denuncia ante la Fiscalía del Supremo las declaraciones de Puente
El sindicato sostiene que el ministro pudo divulgar información reservada sobre las conversaciones entre Adif y los maquinistas tras el accidente, que causó 69 muertos.
El sindicato sostiene que el ministro pudo divulgar información reservada sobre las conversaciones entre Adif y los maquinistas tras el accidente, que causó 69 muertos.

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El Sindicato Alternativa Ferroviaria (Alferro) presentó este martes una denuncia contra Óscar Puente, ministro de Transportes, ante la Fiscalía del Tribunal Supremo. La organización plantea que sus declaraciones sobre las comunicaciones entre Adif y los maquinistas tras el accidente de Urda podrían constituir una revelación de información reservada. En el siniestro murieron 69 personas.
Puente compareció el 28 de octubre en el centro de control de Adif en Atocha. Allí reconoció que había tenido acceso a las grabaciones y dijo: «Hemos escuchado las grabaciones». También apuntó inicialmente a una decisión humana que calificó de «inexplicable». Las conversaciones se difundieron en varios medios esa misma noche. En ellas se oían intercambios entre el centro de control y los maquinistas de los trenes implicados.
Alferro invoca el artículo 417 del Código Penal, que contempla la revelación por autoridades o funcionarios de información conocida por razón del cargo y que no deba hacerse pública. También menciona el artículo 466, relativo a la divulgación de actuaciones judiciales declaradas secretas. La aplicación de este último dependería de que la información formara parte de actuaciones protegidas y de quién la hubiera difundido, entre otros extremos.
La denuncia es la primera promovida por un sindicato que señala directamente al ministro. El 30 de octubre, el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) pidió al juzgado de Orgaz que investigara la filtración de los audios, sin dirigir su iniciativa contra Puente. Vox había acudido el 29 de octubre al Supremo con una querella contra el ministro por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave. La presentación de Alferro no acredita que se haya cometido un delito: la Fiscalía deberá valorar si existen indicios para impulsar actuaciones. El sindicato cuestiona una posible divulgación, no el mero acceso del ministro a las grabaciones.
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