Desde que se produjo la entrada masiva en Ceuta hace tres meses y medio, hay más de 5.500 personas pendientes de expulsión ilocalizables. La Policía Nacional ha iniciado cerca de 8.000 expedientes de expulsión de adultos, y aparte ha identificado a cerca de 3.700 menores no acompañados que también habitan la ciudad autónoma sin un destino claro. Estas casi 12.000 personas se sumarían a las más de 88.000 que, según Guardia Civil, abandonaron Ceuta voluntariamente en las pasadas semanas.
La situación de los 5.500 desaparecidos es sintomática de que los trámites de repatriación son imposibles de aplicar actualmente. Según han explicado fuentes policiales a este diario, las patrullas policiales que vigilan Ceuta siguen encontrando diariamente a decenas de personas sin identificar por la ciudad, lo que aumenta el número de ilegales.
El primer paso cuando una patrulla localiza a una persona sin documentos en Ceuta es el llamado triaje: se les identifica con fotografía, huellas y con los datos que den, y se les asigna un número de NIE. Esto abre el procedimiento de expulsión, que en el caso ceutí está siendo por la llamada vía «preferente», y que en teoría tiene plazos mucho más cortos. La mayoría de los identificados manifiesta su deseo de pedir asilo, por lo que el siguiente paso es citarles para una entrevista.
Sin embargo, cuando llega la cita, unos tres días después, no se presenta nadie. «Probablemente están aconsejados para que no se presenten, porque así su expulsión no se puede tramitar, ya que es muy probable que no les concedan el asilo, sobre todo en el caso de los marroquíes», explican estas fuentes. Algunas entrevistas sí que se producen, pero en una proporción mucho menor que la de nuevos identificados. En resumen: cada vez hay más indocumentados, mientras los expedientes de expulsión avanzan a un ritmo mucho menor.
Con datos de esta semana pasada, de casi 8.000 identificados que han pedido asilo, solo 2.200 habían acudido a esa entrevista para seguir tramitándolo, mientras que más de 5.500 han dado plantón a los agentes. En esa entrevista tiene que haber también un abogado y un traductor, lo que hace que el propio trámite sea largo y laborioso.
Un software que no se usa
Por eso, un problema añadido es que la Policía no puede usar un software de traducción automática que haría estas entrevistas mucho más rápidas. Lo tiene desde hace ya dos años, pero no ha obtenido permiso de Interior para usarlo.
Para este caso concreto de Ceuta se lo ha solicitado al menos dos veces al departamento que dirige Grande-Marlaska, pero ha sido denegado con el argumento de que hay dudas sobre si su uso vulneraría la ley de protección de datos.
Solo se sigue tramitando la expulsión si una patrulla identifica por la calle a un inmigrante que no se presentó a la entrevista, pero es algo muy complicado, pues estos ilocalizables suelen evitar pasear por la calle cuando puede haber presencia policial.
La situación actual de Ceuta se completa con los más de 3.700 menores no acompañados que no pueden ser expulsados y que han sido identificados durante estos meses. Precisamente este pasado domingo, la ONG Coordinadora de Barrios denunció que 500 de ellos están viviendo en las calles de la ciudad autónoma sin protección alguna.
Además, mientras que ya se están llevando a cabo traslados de personas desde El Hierro a la Península por la reciente crisis migratoria en la isla, no ha ocurrido esto mismo ni con estos 8.000 adultos ni con esos 3.700 menores de Ceuta, por lo que los servicios de la ciudad autónoma continúan colapsados. Esto, sumado a la imposibilidad de agilizar o no siquiera completar los trámites de asilo o expulsión de los identificados por la Policía cronifica la crisis.