El choque de dos trenes de alta velocidad en Urda ha causado al menos 68 muertos y 77 heridos. La respuesta política combina demandas de investigación y rendición de cuentas con distintas posiciones sobre cuándo abordar las responsabilidades.
El Frente Amplio, la coalición liderada por Ada Colau, ha exigido al Gobierno que asuma responsabilidades políticas en todos los niveles y que encargue una auditoría independiente sobre el estado de la red ferroviaria y los servicios relacionados. En su comunicado reclama claridad y transparencia y considera inadmisible que se repita un accidente grave de alta velocidad en un mismo año. No señala a ningún cargo concreto ni pide expresamente dimisiones.
Alberto Núñez Feijóo ha reclamado una investigación gubernamental inmediata y otra judicial, además de una revisión completa e independiente de toda la red. El líder del PP pide aclarar el estado de las vías y los sistemas de seguridad, qué advertencias se recibieron desde el accidente de Adamuz y qué medidas se tomaron. También exige cuentas sobre las inversiones anunciadas y ejecutadas. Feijóo sostiene, sin embargo, que aún no es el momento de debatir responsabilidades políticas, por respeto a las víctimas y sus familias.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido llegar «hasta el final» para esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo negligencias o fallos de seguridad; ha dicho que, si los hubo, se responderá con contundencia. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha descartado dimitir. En su explicación, el sistema de control LZB sufrió una incidencia que detuvo los trenes del tramo y, seis minutos después, se autorizó reanudar la marcha al convoy que acabó chocando, pese a que, según Puente, los protocolos no lo permitían. El ministro atribuyó esa decisión al centro de control y dijo que no estaba asignando responsabilidades individuales. Revuelta ha convocado una concentración a las 20.00 ante Transportes y Solidaridad, otra a la misma hora en Cibeles, donde pide la dimisión de Puente.
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