La relación publicada por El País recoge a 69 víctimas mortales del accidente y perfila a 56 de ellas tras una semana de identificaciones y certificaciones. Los relatos divulgados dan cuenta de viajes de trabajo, visitas familiares y desplazamientos vinculados a la vida cotidiana, interrumpidos por el siniestro del 28 de octubre en Urda (Toledo).
Adriana Marroquín, de 27 años, viajaba por trabajo en el vagón 8 del AVE. Era ingeniera industrial y trabajaba en proyectos de energía solar para Engie. En el mismo vagón iba Agustín Randazzo, argentino y residente en España desde hacía más de dos décadas. Tras el accidente, sus familiares entregaron muestras de ADN y recorrieron hospitales de la zona. Su novio comunicó el fallecimiento el jueves 29 por la noche.
Alberto Arroyo Martínez, vecino de Villanueva del Pardillo (Madrid), viajaba en el vagón 7 para ir a trabajar a Sevilla. Su amigo Antonio Gómez, que iba en el vagón 3, ayudó a otros pasajeros a salir del tren y después buscó a Arroyo durante horas. Estaba casado con Silvia, con quien tenía dos hijos, Paula y Eric. Ana Avilés, de 68 años, también iba en el vagón 7: viajaba desde Madrid para ayudar a su hija con los preparativos de su boda en Sevilla. La familia recibió la confirmación de su muerte el sábado por la tarde.
La Asociación de Víctimas de Adamuz registró este jueves ante la Diputación Permanente del Congreso una propuesta de Pacto de Estado por la Seguridad Ferroviaria, la Atención a las Víctimas y la Justicia. La iniciativa incluye los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Urda, y pide que la prevención, el mantenimiento, la inversión, la supervisión independiente y la transparencia sean prioridades permanentes. También reclama asistencia médica, psicológica, jurídica y social para las víctimas.
El portavoz de la asociación, Mario Samper, afirmó que las dimisiones del ministro de Transportes, Óscar Puente, y del presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, no resuelven el problema. La entidad pide la salida de los responsables de la Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes y de la Agencia de Seguridad Ferroviaria, además de sus equipos directivos. Samper también denunció la falta de recursos para las comisiones de investigación. La propuesta da a los grupos políticos hasta el 11 de noviembre para fijar su posición.
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