El Gobierno ha puesto el foco en un operador de Adif por el posible error humano que precedió al accidente ferroviario de Urda (Toledo). Pero sus compañeros describen una realidad que va más allá de las decisiones de una sola persona. Son cerca de 3.700 los trabajadores que, según fuentes del colectivo, desempeñan funciones de control de la circulación ferroviaria en España. Varios de ellos han hablado con ElConfidencial para denunciar las presiones que reciben de sus superiores. El objetivo, aseguran, es que los trenes salgan cuanto antes y que las incidencias no empañen la imagen del servicio.
"El AVE tiene que llegar a tiempo". Esa era, según uno de los operadores, la consigna que recibían cuando se acumulaban retrasos. Otro recuerda que un superior llegó a corregir una comunicación interna y pidió que la siguiente fuera "políticamente correcta". Las presiones también alcanzan a las decisiones sobre la circulación. "Aquí es donde puede que nos lleguemos a equivocar", advierte un tercer trabajador. Adif, consultada por ElConfidencial sobre estas denuncias, no ha querido hacer comentarios.
Uno de los trabajadores prestó servicio en el centro H24 de Adif, desde el que se siguen las incidencias ferroviarias durante las 24 horas del día. Su trabajo incluía informar de averías y retrasos a través de un grupo de WhatsApp. Según explica, los mensajes llegaban a los responsables de la empresa y al Ministerio de Transportes. "Yo reportaba directamente a una serie de personas", recuerda. Los superiores pedían información sobre los problemas, su duración y las medidas adoptadas. Pero, según su testimonio, también intervenían en la forma de contarlos.
El trabajador recuerda que un responsable acudió a corregir una comunicación. Le pidió que la siguiente fuera "políticamente correcta". "Yo no estoy aquí para hacer política", respondió. Según su relato, la preocupación de sus superiores no se limitaba a resolver las averías. También querían transmitir que las incidencias estaban controladas, incluso cuando los problemas podían prolongarse durante días.
Las prisas también se trasladaban a la circulación. El mismo operador seguía las líneas de alta velocidad Madrid-Sevilla y Madrid-Barcelona a través de las pantallas de control. Cuando había retrasos, recibía llamadas de sus superiores. "Venga, sácalo, venga, sácalo", recuerda. "Todo el rato es esa presión". Otra trabajadora describe un mecanismo distinto. Son los M-10, requerimientos internos que obligan al operador a explicar por escrito determinados retrasos. Según su testimonio, pueden utilizarse para acumular antecedentes contra un empleado. "Te pongo un M-10, luego contestas y, si luego tú tienes algún tipo de problema, pues yo te saco que tú has fallado tantas veces", relata. Lo considera una forma de "presión encubierta".
Un antiguo operador de Chamartín aporta otro ejemplo. Cuando los retrasos del Alvia de Badajoz tenían repercusión mediática, asegura que se ordenaba detener algunos Cercanías para dar prioridad al tren de Extremadura. "Se daban órdenes de parar algunos Cercanías y meterles tres, cuatro o cinco minutos de retraso, con tal de que el Alvia saliese del tirón", explica. No acredita, sin embargo, que aquellas decisiones respondieran exclusivamente a motivos políticos.
Las prisas en seguridad
Las presiones no se limitan a los informes. También afectan, según los testimonios, a las instrucciones que reciben los maquinistas cuando hay una avería. Un operador del centro de control de Chamartín pone un ejemplo. Cuando falla una señal, un tren puede quedar detenido ante un semáforo en rojo. Para que continúe, el controlador debe seguir un procedimiento de seguridad y transmitir una autorización formal al maquinista. Estas comunicaciones se conocen como telefonemas.
El trabajador asegura que sus superiores presionan para acelerar el proceso. "Se quiere que, aun habiendo incidencia, demos rápido los telefonemas de rebases de señales en rojo, para que el tren salga rápido. Aquí es donde puede que nos lleguemos a equivocar", advierte. El problema, explica, es que un operador puede tener varios trenes detenidos al mismo tiempo. Debe hablar con los maquinistas, comprobar las condiciones de circulación y atender otras averías. Según su testimonio, algunos turnos de mañana acumulan hasta 100 partes de incidencias.
A esa carga de trabajo se suma la falta de personal. Una operadora denuncia que Adif trasladó a Chamartín un puesto que antes controlaba parte de la circulación de Cercanías de Atocha. Según su relato,una función que antes atendían dos trabajadores pasó a depender de uno solo. La empresa creó un refuerzo para compensar la reducción, pero la fuente asegura que apenas estuvo disponible durante determinados turnos del verano.
Los nuevos enseñan a los nuevos
Los salarios del personal operativo de Adif oscilan entre 27.000 y 47.000 euros brutos anuales, equivalentes aproximadamente a entre 1.750 y 2.800 euros netos al mes en 12 pagas. Un sueldo que, según ellos, "no compensa". Porque la falta de personal también afecta a la tensión interna y la falta de formación de toda la plantilla. Los trabajadores aseguran que las jubilaciones y los traslados han reducido el número de operadores experimentados. Y que algunos recién incorporados terminan enseñando a otros compañeros.
Una operadora explica que la formación inicial dura alrededor de 11 meses, pero considera que tiene demasiada teoría y poca práctica. Algunos empleados, sostiene, terminan su preparación sin haber vivido una avería importante. "No tiene la experiencia", resume. La trabajadora asegura que en Chamartín se han dado casos de empleados recién habilitados que deben formar a otros desde su primer día. Esto les obliga a explicar procedimientos mientras controlan los trenes. "La calidad se va degradando de la formación", advierte.
Otro operador recuerda que llegó a estar entre los cinco trabajadores más veteranos de una sala de 15 personas pese a llevar solo cinco años en Adif. Reconoce que las horas de formación teórica han aumentado, pero considera que la experiencia práctica sigue siendo insuficiente. Los trabajadores aseguran que llevan meses, incluso años, trasladando estas advertencias a sus superiores y a los órganos de representación laboral.
"No queremos que nos suban el sueldo, queremos descansar más", resume una de las fuentes. "Todos podemos cometer un error similar al que, presuntamente, ha cometido el compañero por el estrés y las malas condiciones", añade. El Gobierno ha apuntado a un posible error humano en las instrucciones transmitidas desde Atocha después de un fallo del sistema de señalización LZB. Un AVE de Renfe terminó alcanzando al Iryo que circulaba por delante.
Antes de dimitir como ministro de Transportes, Óscar Puente defendió las condiciones de descanso del operador investigado y planteó nuevas medidas de seguridad, entre ellas una doble comprobación de determinadas órdenes enviadas desde los centros de control. Ninguna de las fuentes atribuye directamente el accidente a las presiones que denuncia ni acredita que esas circunstancias estuvieran presentes en Atocha el día del choque. La investigación deberá determinar si hubo un error humano y si las condiciones de trabajo influyeron en aquella decisión.