La investigación del accidente de Urda prosigue en las vías y demora la puesta en marcha de la línea
Ocho días después del grave accidente, los agentes empiezan la recogida de pruebas por orden judicial
Ocho días después del grave accidente, los agentes empiezan la recogida de pruebas por orden judicial

Apenas quedan ya 40 agentes de la Guardia Civil en la zona cero de Urda (Toledo) donde hace ocho días se produjo el accidente entre dos trenes de alta velocidad, el segundo en apenas diez meses. Muy pocos agentes frente a los casi 1.500 efectivos (entre guardias civiles, protección civil, cruz roja, personal de Renfe, de Adif, sanitarios, miembros de la UME, entre otros) que el pasado miércoles se instalaron en esta llanura manchega, rodeada de fincas de frutales, verduras y de ganado.
Un ambiente bucólico, con los montes de Toledo al fondo, hasta que un tren AVE, con 397 pasajeros, embestía literalmente contra un Iryo, con 146, que estaba parado. El resultado de la brutal colisión son 69 personas fallecidas y más de 200 heridas, de las que 34 continúan ingresadas (22 en hospitales castellano-manchegos y el resto en madrileños). Cinco permanecen en la uci.
Entre los fallecidos hay 40 hombres y 29 mujeres, todos mayores de edad. De ellos, 54 tenían nacionalidad española y 15 eran extranjeros (cuatro estadounidenses; dos pasajeros de nacionalidad australiana; dos de nacionalidad japonesa; una argentina; una canadiense; una checa; una francesa; una mexicana; una portuguesa y otra tunecina). Ya han sido todos ellos identificados y 64 han sido entregados a sus familiares. Las identificaciones se realizaron mediante huellas dactilares en 56 casos y análisis de ADN en los otros 13. La tardanza en realizarse las identificaciones ha sido una de las quejas de los familiares (hasta el sábado fue muy lento), aunque se explica por la necesidad de confirmar con exactitud los restos y sus identidades.
¿Por qué pasó? Todas las hipótesis están abiertas e ingenieros de diferentes instituciones y organismos siguen trabajando sobre el terreno, incluidos los de la Guardia Civil que, por orden de la jueza instructora de Orgaz, Aristea Afroditi, encargada de este dramático accidente, están centrados en la recogida minuciosa de pruebas en la vía una vez que los agentes dieron por finalizado el pasado martes la búsqueda de restos biológicos tras una última batida con apoyo de guías caninos. La investigación continúa, con la recogida de pruebas para esclarecer las circunstancias del accidente. Los vagones ya han sido retirados de las vías y ha comenzado su traslado a las instalaciones de Renfe en Villaseca de la Sagra, en la provincia de Toledo.
Además, unidades de seguridad ciudadana se encargarán de garantizar la vigilancia, el control y la protección del perímetro del accidente. Las vías quedaron limpias por completo el lunes, cuando se sacaron por completo de ellas los vagones que ayer fueron trasladados.
Fuentes próximas a la investigación explican que la instrucción judicial, que se prolongará durante años, se encuentra en una fase muy embrionaria: no está realizado ni el informe preliminar. El servicio de Criminalística, que durante esta semana ha recogido muestras y tomado fotografías y vídeos de las inmediaciones, debe elaborar ese primer informe del siniestro, que incluye una reconstrucción.
Por eso, según advierten las mismas fuentes, cualquier tren que circule por línea de alta velocidad “podría borrar huellas” que permitan esclarecer lo ocurrido.
En manos de la jueza Aristea Afroditi está ahora el pedir informes a la Policía Judicial sobre algún tramo de las vías o de alguno de los convoyes custodiados. Tras el accidente de Adamuz (Córdoba), la autoridad judicial encargó informes por tramos. La jueza ha prohibido expresamente que se retire cualquier elemento de la vía sin su consentimiento para que no se repita la polémica de Adamuz, cuando la jueza de Montoro tuvo que ordenar el precinto de varios tramos después de detectar en una inspección ocular que se habían retirado 42 metros de vía sin aviso previo.
Hasta que la jueza permita el acceso a las vías para su reparación, el Ministerio de Transportes ha anunciado que estará en condiciones de poner en marcha la línea Madrid-Sevilla en unos diez días. Por el momento se desconoce cuántas jornadas más precisarán los agentes para recoger pruebas. Aunque la zona más afectada por el accidente son 40 metros, desde Adif se informa que se intervendrá en 400 metros de vía para retomar la circulación “con criterios de máxima prudencia y con el propósito de recuperar la confianza por parte de los usuarios”, señala.
De manera paralela, agentes de la Policía Judicial de la Comandancia de Toledo tomarán declaraciones en el marco de la causa que continúa bajo secreto de sumario. El controlador de Atocha, al que el ya exministro de Transportes Óscar Puente puso en la diana, fue interrogado por el instituto armado en las horas posteriores al accidente, pero se desconoce si por el momento la instructora le ha otorgado la condición de imputado. La Unidad Central Operativa (UCO) actuará de apoyo, según informó la Guardia Civil.

Redactora jefa de La Vanguardia en la delegación de Madrid, especializada en temas sociales. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

Joaquín Vera
Periodista especializado en información de Interior, Seguridad y Terrorismo
Redactor de la sección de Política de La Vanguardia. A cargo de la información de Interior y Defensa, con el foco en la Seguridad y el Terrorismo
Texto de La Vanguardia tal como lo publicó, leído de su página y mostrado aquí con el formato de El Autómata. El original, en lavanguardia.com · Volver a la noticia de El Autómata