La dimisión de Óscar Puente, anunciada tras los accidentes de Adamuz y Urda, deja pendiente el relevo en el Ministerio de Transportes. A las 7.40 de este miércoles no se había comunicado quién ocupará el departamento. El cese no será efectivo hasta que se publique el real decreto en el BOE.
El Confidencial cifra en 24.100 millones de euros el programa de inversiones de Adif cuya ejecución queda por delante. También está pendiente decidir cómo renovar los corredores de alta velocidad Madrid-Barcelona y Madrid-Sevilla sin interrumpir su circulación. Los presidentes de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, y Renfe, Álvaro Fernández Heredia, siguen en sus puestos. CSIF ha pedido que ambos los abandonen.
Puente sostuvo el martes en el Congreso que la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado le impidió elevar la inversión en mantenimiento y afirmó que el Ministerio trabaja con un presupuesto de 2023 sin cambios. «Yo invierto todo lo que tengo», dijo. El Consejo de Ministros aprobó ese día un plan de seguridad que incluye validar con un segundo controlador las decisiones en los centros de control cuando la circulación esté degradada, nuevo software y completar el despliegue del ERTMS N2 en la línea Madrid-Sevilla. El Sindicato Ferroviario calificó el paquete de «humo» y pidió revisarlo con el conjunto del sector; el Sindicato de Circulación Ferroviario reclamó que se cumplan las medidas.
Las movilizaciones sindicales previstas para noviembre siguen en pie. Semaf mantiene paros de maquinistas para los días 10, con una huelga total, y 12, parcial. El comité de empresa de Adif acordó una huelga para el 17, todavía sin convocarla formalmente, y una concentración el día 16. También trasladó la propuesta de paro al comité de Renfe, que aún la estaba cerrando. El comité de Adif volverá a reunirse el 18 para valorar la situación.
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