Óscar Puente dimite. Los 'Puente boys', de momento, se quedan. La salida del ministro tras los accidentes de Adamuz y Urda deja en el foco a los presidentes de Adif y Renfe, como representantes públicos del sector. Sin noticias de cómo se gestionará el Ministerio de Transportes a partir de ahora, existen necesidades urgentes que permitan recuperar la confianza en los trenes, un medio de transporte que usan más de 500 millones de viajeros al año en España.
En el aire queda un programa de inversiones de Adif de 24.100 millones de euros, las reformas urgentes de seguridad que ha anunciado el ministro antes de su dimisión y una decisión que amenaza con convertirse en un quebradero de cabeza para aquel que asuma sus competencias. Ese 'marrón', que es como se denominaría coloquialmente, es cómo renovar el AVE Madrid-Barcelona o el Madrid-Sevilla sin paralizar los corredores más rentables y activos del país.
Por eso, la incógnita está en los despachos. Porque los presidentes de ambas compañías públicas sí parece que tendrán que seguir dando la cara. Luis Pedro Marco de la Peña, que llegó a la presidencia de Adif en 2024 de la mano de Puente, y Álvaro Fernández Heredia, que fue el elegido por el exalcalde de Valladolid para ser presidente de Renfe en 2025, se han quedado sin respaldo y en un momento más que delicado.
Porque la tragedia no se ha cerrado. El propio ministro apuntó este martes que todavía son un misterio los motivos por los que se tumbaron los ordenadores de los sistemas de seguridad LZB. Es decir, no se sabe exactamente qué pasó en Urda (Toledo).
Por otro lado, las nuevas herramientas tecnológicas para los trabajadores o el refuerzo de la plantilla de Adif siguen alimentando la teoría de que todo se produjo por un "fallo humano" tanto de un maquinista como de un operador del centro de control, como apuntó Puente. Una teoría del Gobierno que, tras la filtración de los audios, ha sido el elemento que ha levantado a la plantilla de Renfe y Adif contra sus presidentes y el Ministerio de Transportes.
Un tema delicado
La renovación integral del AVE Madrid-Barcelona es un tema delicado con muchos frentes. El más grave, el político y un nuevo problema ferroviario con la Generalitat de Cataluña. El ministro abrió la puerta la semana pasada a cerrar temporalmente la línea durante aproximadamente un año para acelerar las obras. Sin embargo, este martes se inclinó por mantener la circulación durante los trabajos. No dejó una decisión definitiva. La elección corresponderá a su sucesor, con la licitación prevista para 2027.
La factura puede ser elevada. El corredor transportó 14,4 millones de viajeros en 2025 y generó 674 millones de euros en ingresos por billetes, frente a unos costes de explotación de 635,6 millones para los operadores. Es el único de los grandes corredores liberalizados donde los ingresos superan los costes. Renfe, Iryo y Ouigo se juegan una parte importante de su actividad en esta línea. Un cierre prolongado interrumpiría la facturación ferroviaria, aunque no toda equivaldría necesariamente a pérdidas netas.
Las alternativas tampoco salen gratis. Un estudio encargado por Pimec calcula que suspender la circulación durante un año supondría un coste de 922 millones de euros para los usuarios, entre desplazamientos más caros, tiempo perdido y viajes cancelados. Mantener los trenes durante cinco años de obras, con una reducción del 30% de las plazas, elevaría esa factura a 1.409 millones. Son estimaciones de la patronal, no presupuestos de Adif.
La Cambra de Comerç de Barcelona añade que sustituir el tráfico ferroviario exigiría unos 140 vuelos diarios, una alternativa que considera inviable. La renovación comenzará previsiblemente por el tramo Madrid-Calatayud, de más de 150 kilómetros, con nuevas traviesas y el objetivo de permitir velocidades de hasta 350 kilómetros por hora.
Los 24.100 millones y la seguridad
El otro gran frente está en las inversiones. Adif y Adif Alta Velocidad aprobaron un programa de 24.100 millones de euros para el periodo 2022-2026. De esa cantidad, 12.108 millones corresponden a la red convencional, Cercanías y mercancías. El resto se destina principalmente a la alta velocidad. La programación actualizada en 2024 preveía que aproximadamente la mitad estuviera ejecutada al cierre de aquel año. Falta conocer cuánto se ha materializado realmente y qué actuaciones pasarán a los próximos ejercicios.
Y queda la seguridad. Puente anunció antes de dimitir la doble validación de determinadas órdenes de circulación, refuerzos de personal en los centros de control de Adif y nuevas herramientas tecnológicas para detectar anomalías. También planteó revisar las 170 incidencias registradas este año en el sistema LZB. Las medidas deberán ejecutarse bajo la dirección de los responsables cuya continuidad está ahora en cuestión. Todavía falta concretar su coste, los recursos necesarios y los plazos de implantación.
La situación es especialmente delicada en el AVE Madrid-Sevilla. Tras Urda, Transportes planteó reducir las frecuencias mientras se refuerzan los mecanismos de seguridad y avanza la implantación del ERTMS nivel 2, con horizonte en 2027. Las restricciones pueden afectar a la actividad comercial de Renfe e Iryo. El sucesor de Puente tendrá que recuperar el servicio sin rebajar las exigencias de seguridad y completar una modernización que todavía no ha concluido.
"La culpa no puede morir soltera", afirmó el ya exministro al explicar su dimisión. Las reformas que anunció quedan pendientes de ejecución y las grandes inversiones continúan su curso. Una vez solucionada la responsabilidad política, ahora hay que saber definitivamente qué pasó en el mayor accidente ferroviario de la historia del país e implementar todas las medidas a corto plazo para que el tren vuelva a recuperar la confianza de los viajeros.