El mandato, firmado por un juez de Miami y anunciado este lunes por el fiscal James Uthmeier, acusa al expresidente cubano de conspiración para cometer asesinato en primer grado. El caso se refiere al ataque de 1996 en el que murieron cuatro personas.
La Fiscalía de Florida anunció este lunes una orden estatal de detención contra el expresidente cubano Raúl Castro, de 94 años, por conspiración para cometer asesinato en primer grado. La acusación se refiere al derribo, el 24 de febrero de 1996, de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate en aguas internacionales, un ataque en el que murieron cuatro personas. La orden fue firmada el viernes por un juez de Miami, según informaron El Nuevo Herald y RTVE; Uthmeier la hizo pública este lunes.
Las autoridades estatales atribuyen a Castro, que entonces era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y vicepresidente de Cuba, un papel decisivo en la cadena de mando. La investigación de Florida sostiene que espías cubanos que operaban en ese estado reunieron información sobre los vuelos de la organización y la transmitieron a La Habana, lo que habría facilitado que cazas MiG localizaran las avionetas. Uthmeier ha acusado a esos agentes de convertir a pilotos civiles en objetivos.
Las víctimas fueron Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr. Tres eran ciudadanos estadounidenses y el cuarto tenía residencia legal permanente en Estados Unidos. Hermanos al Rescate, fundada por el exiliado cubano José Basulto y con sede en Miami, realizaba vuelos sobre el estrecho de Florida para localizar y auxiliar a cubanos en peligro en el mar. Basulto se encontraba en una de las aeronaves que no fue derribada.
El Gobierno cubano justificó el ataque con el argumento de que la organización lanzaba panfletos contra La Habana. Fidel Castro reconoció públicamente que él y su hermano habían dado instrucciones generales para impedir esos vuelos, pero negó que ordenaran derribar las avionetas. La Habana ha sostenido que el ataque ocurrió en aguas nacionales; Washington afirma que fue en aguas internacionales, una versión respaldada después por la Organización de Aviación Civil Internacional. Un audio de una reunión con periodistas en junio de 1996, divulgado por El Nuevo Herald, recoge a Raúl Castro diciendo que había dado autoridad a cinco generales y que las avionetas debían ser abatidas en el mar.
La orden estatal se suma a la imputación presentada en mayo por la justicia federal estadounidense contra Castro y otros cinco altos cargos cubanos. En ese proceso se le atribuyen conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, dos cargos de destrucción de aeronaves y cuatro de homicidio. La Fiscalía de Florida puede presentar nuevos cargos estatales por el mismo caso. Según Europa Press, los acusados podrían afrontar la pena de muerte o la cadena perpetua si fueran declarados culpables.
Uthmeier ha afirmado que Florida seguirá reclamando responsabilidades por las muertes. Rosie Cordero-Stutz, jefa de la Policía de Miami-Dade, ha descrito la orden como un avance para las familias de las víctimas, que, según dijo, han mantenido su petición de justicia. El caso coincide con una etapa de mayor presión de la Administración de Donald Trump sobre el Gobierno cubano, nuevas sanciones y una profunda crisis económica en la isla, según El Mundo.
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