The Rights Forum, una organización neerlandesa, asegura haber sabido por fuentes diplomáticas en Nueva York, bajo condición de anonimato, que Países Bajos negocia con Estados Unidos una erosión de los poderes de la Corte Penal Internacional. Según expertos jurídicos, el recorte sería tan profundo que equivaldría a desmantelar el tribunal.
Las restricciones en discusión serían tres. La primera, conceder inmunidad a jefes de Estado y de Gobierno, lo que impediría procesar a figuras como Netanyahu, Trump o Putin. La segunda, excluir la jurisdicción sobre nacionales de Estados que no son parte del Estatuto de Roma, incluso si cometen crímenes en territorio de un Estado parte; así, Israel, que no es parte, quedaría fuera en Palestina, que sí lo es. La tercera, negar la competencia de la Corte en casos cubiertos por legislación nacional: bastaría con que un Estado tenga leyes aplicables, aunque no investigue nada, para frenar a la CPI. Hoy la Corte puede intervenir si un Estado no quiere o no puede investigar (principio de complementariedad).
Para fijar estos límites habría que reformar el Estatuto de Roma, que creó la CPI en 1998 y rige desde 2002. Haría falta una mayoría de dos tercios de los Estados parte y una ratificación posterior por siete octavos. No se sabe qué países apoyarían el cambio.
El motivo de la negociación serían las sanciones de EE. UU. contra trece jueces y fiscales y contra la Corte en su conjunto, en represalia por la investigación sobre Israel en Palestina y las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant. La CPI figura en la lista de sanciones desde el 9 de octubre, pero varias medidas no entran en vigor hasta el 7 de abril de 2027 y paralizarían en gran medida la institución. La UE podría activar su mecanismo de bloqueo, que obliga a las empresas europeas a ignorar las sanciones estadounidenses, pero es reacia por las consecuencias para bancos y empresas. De ahí que Países Bajos, según la publicación, opte por un compromiso. La Asamblea de Estados Parte se reúne en La Haya del 30 de noviembre al 7 de diciembre; estaba prevista en Nueva York y se trasladó por las sanciones.
El Ministerio de Exteriores respondió con una declaración general: dice que se estudia un diálogo con Estados no parte dentro del derecho internacional y respetando la independencia e imparcialidad de la Corte, que no hay propuestas concretas ante la Asamblea y que Países Bajos sigue comprometido con la CPI y con mitigar el efecto de las sanciones. The Rights Forum la califica de respuesta genérica que no atiende a sus preguntas.
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