El texto lo encarga la newsletter Land Economics, que defiende que el valor del suelo, creado por la comunidad, vuelva al público y no a especuladores. Plantea dos vías: gravarlo con un impuesto sobre el valor del suelo o que el Estado sea propietario y lo arriende. Etiopía, cuya Constitución declara público todo el suelo urbano, está en el extremo del arrendamiento. El autor fue District Municipal Manager de Bole Sub-City entre 2008 y 2012, donde llevó los concursos de suelo, y hoy investiga en el Institute of Land Administration de la Universidad de Bahir Dar. Ofrece un relato completo y, a ratos, crítico del sistema.
El origen está en el Derg, la junta militar que llegó al poder en 1974 tras derrocar a Haile Selassie y nacionalizó el suelo urbano y las viviendas «extra» con la Proclamación 47/1975. El suelo no podía comprarse, venderse ni hipotecarse: se obtenía por asignación administrativa y se pagaba solo una renta nominal. Según el autor, aquello generó retrasos burocráticos, uso ineficiente, corrupción y transacciones informales; el suelo apenas tenía valor de mercado y los municipios recaudaban poco.
Tras la caída del Derg en 1991, el gobierno de transición del EPRDF aprobó la Proclamación 80/1993, la primera ley de arrendamiento urbano. Mantuvo la propiedad pública, pero introdujo valoración de mercado, subasta competitiva, precios de referencia y contratos por plazos fijos. El mejor postor cualificado obtiene un derecho de uso en régimen de arrendamiento, no la propiedad del suelo, durante un periodo que suele depender del uso previsto.
Una novedad clave fue reconocer que los derechos de arrendamiento pueden transferirse e hipotecarse, pero solo hasta el valor de la renta ya pagada (art. 10). La ley buscaba evitar la especulación y las plusvalías. Si alguien pagó 100.000 birr por una parcela y años después ese derecho vale 500.000, no puede quedarse los 400.000 de diferencia: debe abonarlos a la administración urbana. La intención era que el aumento del valor del suelo revirtiera en el público.
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