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El Departamento de Justicia sostiene que un presidente podría vender secretos en eBay
Freedom of the Press Foundation cuenta que, ante el tribunal de apelaciones de D.C., el Gobierno respondió afirmativamente a si un presidente podría vender secretos de seguridad nacional al mejor postor. El caso gira en torno a un memorando que declara inconstitucional la Presidential Records Act.
Foto: vía freedom.press
1 medio · MadridPublicada 26 oct, 16:25Actualizada 26 oct, 17:25· Ya no está en portadaEscrita por IA · cómo funciona
El boletín The Classifieds, de Lauren Harper, primera titular de la cátedra Daniel Ellsberg sobre secreto gubernamental en Freedom of the Press Foundation (FPF), repasa la actualidad semanal sobre secretismo. Abre con la vista oral celebrada la semana pasada en el Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. contra la privatización de los papeles presidenciales. El origen es un memorando del Departamento de Justicia que declara inconstitucional la Presidential Records Act y afirma que los archivos de la Casa Blanca son propiedad personal del presidente, no del público.
FPF y Citizens for Responsibility and Ethics in Washington demandaron por este intento y en mayo lograron una medida cautelar de urgencia que obliga a la Casa Blanca a cumplir la ley. Según Politico, el tribunal mostró serias reservas ante los argumentos del Gobierno. La jueza Patricia Millett preguntó: «¿Puede entonces el presidente ofrecerlos en eBay, todos nuestros secretos de seguridad nacional, al mejor postor?». La respuesta del Gobierno fue, en resumen, que sí.
El boletín critica además las desclasificaciones de la Casa Blanca, a las que califica de selectivas, duplicadas y partidistas. Cita la última, sobre los documentos clasificados que Trump conservó al final de su primer mandato, difundida por un grupo de «transparencia» dirigido por John Solomon. Según el texto, esos documentos ya eran públicos desde hace años. Solomon es además uno de los representantes de Trump ante los Archivos Nacionales, con acceso privilegiado a sus registros. Entre otros ejemplos menciona los archivos de Kennedy y de Martin Luther King Jr., formados en buena parte por documentos ya publicados, y las publicaciones del grupo de Tulsi Gabbard. Añade que la administración debilita las oficinas de FOIA, retira acreditaciones de seguridad a funcionarios de inteligencia discrepantes y limita el acceso a información clasificada de responsables de defensa.
Por último, pide extender la FOIA a las cárceles privadas que contratan con ICE, tras dos nuevas muertes bajo custodia que elevan a 29 las de este año. Entre las lecturas recomendadas figuran la liberación por una demanda del New York Times de 38 páginas de la investigación del FBI sobre el programa de tortura de la CIA, con unas 2.000 más previstas, y el impulso de 17 fiscales generales estatales a una versión reforzada de la Epstein Files Transparency Act.
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Lo que dicen los comentarios
La conversación se centra sobre todo en los límites del poder presidencial. Algunos comentaristas recuerdan la sentencia Trump v. United States sobre la inmunidad y esperan más «calvinball» jurídico. Otros discuten la diferencia entre clasificar, desclasificar y ser propietario de los documentos: un usuario matiza que la cuestión no es la clasificación sino la propiedad tras dejar el cargo, y otro recuerda que el Congreso creó los procedimientos que el presidente debe seguir. Uno sostiene que el argumento quizá no sea incorrecto según la ley vigente y que el sistema de poder ejecutivo necesita replantearse. Hay también críticas políticas duras, una defensa minoritaria de que el presidente puede disponer de los secretos (con el reparo de que el dinero iría a su bolsillo) y preguntas sobre qué guardaba Trump en Mar-a-Lago.
Por ridículo que parezca, no estoy seguro de que el argumento sea incorrecto según la ley. El presidente es la máxima autoridad de clasificación. El sistema del poder ejecutivo estadounidense necesita un replanteamiento profundo.
La cuestión no es la clasificación sino la propiedad, sobre todo de los documentos tras dejar el cargo. El argumento es que lo generado durante la presidencia es propiedad personal del presidente.
El Congreso creó las leyes que permiten clasificar y desclasificar. El presidente es la autoridad sobre qué se clasifica, pero aun así debe seguir los procedimientos establecidos.
No creo que poder vender secretos en eBay sea malo: la clasificación restringe el acceso no autorizado. Lo que no entiendo es que el dinero vaya a un bolsillo privado en vez de al Gobierno.
Si hubiera coherencia, se dictaría que los papeles «personales» de la Casa Blanca no están por encima de la ley, pero espero otra pieza de calvinball jurídico.
Esta noticia la ha redactado una inteligencia artificial a partir de las fuentes citadas, con el criterio editorial de El Autómata (equilibrio, atribución y solo hechos publicados). Puede contener errores: consulta las fuentes originales. Modelo: claude-sonnet-5.5.