El club de San Marcos, cuyo nombre es San Lázaro II, en la redada llevada a cabo en el 2004. XOAN A.SOLER
14 nov 2026 . Actualizado a las 18:41 h.
Los neones de colores que durante más de dos décadas han anunciado en San Marcos el oprobioso negocio de la prostitución dejarán por fin de brillar definitivamente. Allí, al pie de la carretera vieja que une Santiago con el aeropuerto de Lavacolla, la N-634, se sitúa el club de alterne San Lázaro II, que ha logrado sobrevivir todo este tiempo a redadas, detenciones y juicios pero al que ahora la Justicia va a clausurar para siempre gracias a la operación policial que hace tres años se desarrolló contra el propietario del local, Ricardo Calvo Cobas, su mujer, su hijo y cuatro colaboradores. El caso llega ahora a la Audiencia Provincial compostelana, donde se celebrará un juicio en el que la Fiscalía hace un relato de hechos que permiten calificar a esta whiskería como un auténtico burdel de los horrores en el que se obligaba a mujeres necesitadas y vulnerables a llevar a cabo prácticas sexuales humillantes y degradantes que, por escatológicas, el buen gusto impide reproducir.
Ricardo Calvo es un histórico del negocio de la prostitución en Santiago y su club en San Marcos ya fue objeto de otra gran redada en el 2004 por la que acabó en prisión preventiva, igual que sucedió en el 2023. En ambas ocasiones, recuperó la libertad bajo fianza una vez que la investigación ya estaba encarrilada. Esta vez, la Fiscalía le pide una pena de 30 años y medio de cárcel por delitos de prostitución coactiva, tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. Sin embargo, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ya anuncia en el señalamiento de la vista, que se celebrará el viernes, que es posible que la acusación y las defensas alcancen un acuerdo de conformidad por el que se reconozcan los hechos a cambio de una reducción de las condenas.
Si ese pacto llega finalmente a suscribirse es muy probable que los siete acusados puedan finalmente esquivar la prisión, pero hay dos cuestiones sobre las que la Fiscalía, según las fuentes consultadas, no claudicará. Lo primero es que se abonen las indemnizaciones a las tres mujeres víctimas, testigos protegidos en la causa, y para las que el ministerio público solicita una indemnización de 15.000 euros para cada una. Lo segundo es que, al amparo de los artículos 190 y 301 del Código Penal, se clausure definitivamente el club de alterne, que ya lo ha estado de manera provisional desde que la Policía Nacional llevó a cabo el operativo en el 2023. Será, por tanto, el punto final a la existencia de un local que ha protagonizado la negra historia reciente de la prostitución en la ciudad.
Los siete acusados también tendrán que asumir un relato de hechos escalofriante en el que se describe cómo humillaban y vejaban a las chicas e incluso les imponían multas económicas si no cumplían las estrictas normas con las que las dominaban y controlaban en todo momento y que incluían tener que acostarse, quisieran o no, con el cliente que ellos les designaban. Algunos de ellos calificados como «especiales o locos» pagaban más a la red por realizar prácticas repugnantes y aberrantes que también incluían no usar preservativo e incluso someterse a agresiones físicas. «Si no cumplían con las normas fijadas, las amenazaban con causarles un daño a ellas o a su familia o les quitaban todo el dinero ganado por ellas y las echaban del club», relata el fiscal. Para estos servicios especialmente vejatorios «eran escogidas las chicas más vulnerables y controlables o que tenían una adicción a la droga», añade.
La acusación sitúa a Ricardo Calvo como la cabeza visible de la organización y el ejecutor de las normas que imponía su esposa, a la que señala como «la persona que gestionaba directamente todo lo sucedido en el interior del club» y «hacía una selección de las chicas que podían trabajar». El hijo del matrimonio, a cuyo nombre está el burdel desde octubre del 2022, también participaba en la trama, que les proporcionó grandes beneficios con los que obtuvieron fincas, bienes inmuebles y coches.
Los otros cuatro acusados son trabajadores de absoluta confianza de la familia Calvo. Entre ellos, dos hermanas que eran camareras pero que también dirigían el local en ausencia de la jefa y un cocinero.